El Comité del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones desestimó la demanda boliviana de anulación de un inicial laudo que favoreció a la firma chilena que demandó al Estado por la reversión de una concesión en Uyuni.

La Paz. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) falló en contra de Bolivia y ratificó el laudo arbitral que le obliga pagar US$48,6 millones a la firma chilena Quiborax por la reversión, en el gobierno de Carlos Mesa, de una concesión en el salar de Uyuni para la explotación de ulexita.

La decisión la hizo conocer a las partes el 18 de mayo, de acuerdo a documentación publicada en el portal italaw.com. El Comité ad hoc de la CIADI (organismo del Banco Mundial)  que tomó la decisión estuvo compuesto por Andrés Rigo Sureda, Milton Estuardo Argueta Pinto y Christer Soderlund.

“Desestimar en su totalidad la solicitud de anulación”, establece la parte conclusiva del documento de 67 páginas que recoge los antecedentes, argumentos de las partes, el análisis de los miembros del Comité, los costos del procedimientos y finalmente la decisión tomada el 30 de abril de 2018.

Bolivia solicitaba la anulación del laudo que ganó la firma chilena Quiborax y que obligaba pagar una indemnización de US$48,6 millones. Ese laudo fue hecho público en septiembre de 2015 e inmediatamente el Estado anunció que solicitaría su anulación con el argumento de que “contiene gravísimas violaciones al procedimiento mismo de las normas del CIADI”.

El Estado boliviano inició en ese contexto acciones legales sobre la base de que la empresa Non Metallic no llegó a fundarse sobre la base de una sociedad con la chilena Quiborax, con lo que el organismo internacional de arbitraje no tenía competencia para observar el objeto de la demanda.

“Dado que las partes tuvieron la oportunidad de comentar sobre cada uno de los elementos sean ex ante o ex post que el Tribunal tomó en consideración, el Comité no considera que hubiera un quebrantamiento grave de una norma fundamental de procedimiento”, establece parte de la resolución.

Mediante el Decreto Supremo 27589, el entonces presidente Mesa revocó la concesión minera otorgada a Non Metallic Metals, que había sido creada en una alianza entre el empresario David Moscoso, copropietario de Minera Río Grande Sur y socio del gerente de la chilena Quiborax, Allan Fosk. Ese fue uno de los argumentos de la demanda, es decir que la empresa Non Metallic no llegó a fundarse sobre la base de una sociedad con la chilena Quiborax.

En mayo de 2007, el gobierno del presidente Evo Morales decidió denunciar el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, con lo cual fue el primer país en dejar de formar parte del CIADI.

El litigio data de 2004 y no prosperó ningún intento de concilación.