La Paz. El 18 de julio de 2007, el Estado y Jindal Steel Bolivia (JSB) suscribieron un contrato de riesgo compartido en el cual la compañía india, subsidiaria de Jindal Steel & Power, se compromete a invertir US$2.100 millones (US$600 millones en los dos primeros años) en el proyecto de industrialización del Mutún (Santa Cruz).

El inicio de operaciones del complejo siderúrgico está programado para octubre de 2014.

Según el ministro de Minería y Metalurgia, Mario Virreira, si Jindal presenta “el estudio a diseño final de la ingeniería básica” del proyecto “integral” de industrialización del Mutún —para verificar si el requerimiento de gas para el complejo industrial es real— y cumple sus compromisos de inversión, “no habría más problema que, evidentemente, ajustar los plazos (del proyecto)”.

El gerente de Asuntos Legales de Jindal, Jorge Gallardo, aseguró que, “desde la última reunión sostenida el 19 de enero”, ni el Ministerio de Minería y Metalurgia ni la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) ni Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) solicitaron información complementaria sobre el proyecto.

Inversiones. “La situación real es que no hemos tenido ninguna comunicación o requerimiento complementario de información y no hemos sido convocados para iniciar la negociación (...). Hemos entregado cada uno de los documentos que respalda el consumo de gas, incluyendo el de diseño final de la planta”, sostuvo.

La falta de un contrato de provisión de gas “pone a la ESM y Jindal en serio riesgo de incumplimiento del contrato de riesgo compartido”, cita un comunicado institucional de JSB.

A decir de Virreira, la última información “no respaldada ni documentada” de Jindal señala que —a sólo tres semanas de expirar el plazo para la primera fase del proyecto— se alcanzó una inversión de US$350 millones. 

Hasta el momento, rectificó este jueves Gallardo, “las inversiones de Jindal ya sobrepasaron los US$600 millones”. De esa suma, US$583,47 millones fueron invertidos en la adquisición de dos plantas y la construcción de obras civiles en el complejo.

Una auditoría, que se iniciará inmediatamente concluya el plazo previsto para la primera fase del proyecto (31 de marzo), comprobará la inversión real de Jindal, recordó Virreira.

Si Jindal no demuestra una inversión de US$600 millones se ejecutarán nuevamente sus boletas de garantía (US$18 millones) y se contemplarán otras alternativas como la asimilación estatal del 100% del proyecto o una nueva licitación internacional, entre otras, dijo.

Hasta el primero de mayo será entregada la ley minera. La nueva Ley de Minería será concluida y entregada al Legislativo hasta el primero de mayo.

La norma tiene un avance del 75% y tropieza con el tratamiento de temas complejos como el impositivo, contratos y la obtención de la licencia ambiental.

“Todos los sectores hemos consensuado que el plazo fatal para la conclusión de la ley es el primero de mayo (...). Este compromiso nos va a imponer en algunos casos seminarios cerrados para poder terminar este importante instrumento para el futuro de la minería boliviana”, informó el viceministro de Desarrollo Minero Metalúrgico, Freddy Beltrán.

La revisión de los artículos, agregó, llegó a un 75% del total.

ESM se prepara a enfrentar arbitraje. La Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) contratará un equipo de abogados que apoyará el trabajo de la Procuraduría General del Estado (PGE) frente a la demanda arbitral presentada por Jindal ante la Corte de París.

Así lo informó el ministro de Minería y Metalurgia, Mario Virreira, a tiempo de reiterar que la notificación de arbitraje que llegó a la ESM fue “irregular e informal”, por lo que la estatal solicitó la reanudación del proceso.

“A nivel de país se ha tomado todas las previsiones para poder atender este proceso de la manera más adecuada. En ese sentido, se ha instruido a la ESM la contratación de un equipo de cuatro abogados que hagan la defensa correspondiente. Hemos sostenido reuniones con la Procuraduría para que ellos también puedan orientar (al equipo de la ESM) y hacer una buena defensa de las boletas ejecutadas”, indicó.

La demanda arbitral presentada por JSB en contra del Estado boliviano es por la ejecución de sus dos boletas de garantía (US$18 millones) ante el incumplimiento en su programa de inversiones.

La PGE informó el sábado pasado que coordina con la ESM para recabar información permanente respecto a la “amenaza” de arbitraje de JSB.

“Mientras no se tenga una comunicación oficial en el caso, no se puede designar árbitros, mucho menos determinar acciones procesales de fondo, porque no se tiene conocimiento de la pretensión de la empresa (Jindal)”, declaró.

La siderúrgica india no habría cumplido con las disposiciones de arbitraje establecidas en el contrato, se indica.