La Paz. La Ley de la Revolución Productiva, Comunitaria y Agropecuaria arranca en 30 días y requerirá para su implementación más de diez reglamentos.

En principio se crearán las empresas de semillas y de fertilizantes, el seguro agrícola y el Observatorio Agroambiental, se informó este lunes.

“Yo calculo aproximadamente en un mes (la implementación de la normativa), porque hay que hacer una coordinación estricta con las organizaciones sociales y productivas”, explicó el viceministro de Desarrollo Rural, Víctor Hugo Vásquez.

Añadió que para la aplicación de la ley se necesitará más de diez reglamentos así como su respectivo financiamiento.

“Es decir, para cada actividad se tendrá un reglamento específico, como la creación de (la empresa de) semillas, la empresa de fertilizantes, el seguro agrícola”, entre otros, apuntó.

A tiempo de promulgar la norma, el presidente Evo Morales exhortó a la ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, trabajar de inmediato en la elaboración de la reglamentación de la normativa.

Recursos. El diputado Luis Alfaro (MAS) señaló que se requerirán aproximadamente US$500 millones al año para la implementación de la Ley de la Revolución Productiva.

Entretanto, la investigadora del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (Cipca), Corali Salazar, dijo que “sin recursos es muy difícil que cualquier proyecto” se pueda implementar. Planteó al Gobierno destinar recursos del Tesoro General de la Nación, de las Reservas Internacionales Netas y del Fondo Indígena para implementar la ley.“Se debe priorizar en un 50% la producción de alimentos en las comunidades”, afirmó.

Mientras, la gobernación de Santa Cruz lamentó que la Ley de la Revolución Productiva excluya al oriente del sistema agropecuario nacional. Según la Gobernación cruceña, los pequeños, medianos y grandes productores del departamento aportan con el 70% de los alimentos al país.

El secretario de Desarrollo Productivo de la Gobernación, Raúl Barroso, señaló que la norma recientemente promulgada está dirigida a un segmento de la población llamada comunidades indígenas y no así al conjunto del sector productivo.

“La norma excluye a los que en el transcurso del tiempo tuvieron la responsabilidad de abastecer con los alimentos a las mesas de las familias bolivianas”.

Barroso indicó que los más perjudicados con la nueva norma serán los pequeños productores.

Por su lado, el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Demetrio Pérez, sostuvo que “la norma está más enfocada al sector comunitario e indígena que sin lugar a duda es poco beneficiario para el pequeño y mediano productor de Santa Cruz”.

Pérez no ocultó su optimismo y espera que las cosas puedan mejorar con la reglamentación de la norma agraria. “Queremos creer que fue direccionado al sector indígena y comunitario por falta de información y asesoramiento”, manifestó.

El BM dará US$75 millones. El Banco Mundial (BM) desembolsará US$75 millones para Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal con el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria, informó su representante Óscar Avalle, según ANF.