La política gubernamental de nacionalización de las empresas estratégicas comenzó el 1 de mayo del 2006 con la aprobación del Decreto Supremo 28071 que permite al Estado boliviano, a través de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), recuperar “la propiedad, la posesión y el control total y absoluto” de los recursos hidrocarburíferos del país.

“Evidentemente surgen las incertidumbres cuando el Gobierno empieza a nacionalizar (...). Lo que tenemos que hacer es dar certidumbre a los emprendimientos con la nueva Ley de Electricidad y la nueva Ley de Hidrocarburos”, las cuales “deben estar adecuadas a la Constitución Política del Estado (CPE)”, sostuvo ayer el titular de Hidrocarburos, José Luis Gutiérrez.

PROCESO. La nacionalización de los hidrocarburos dispuso la recuperación de 56 campos de gas y petróleo y la compra negociada o forzada del total o la mayoría de las acciones de las empresas Chaco, Andina, Petrobras Bolivia Refinación (PBR), Repsol y la Compañía Logística de Hidrocarburos de Bolivia (CLHB), entre otras.

“La nacionalización de los recursos naturales estratégicos fue fundamental para la toma de decisiones de los bolivianos”, recordó Gutiérrez.

La política también afectó al sector eléctrico, puesto que el 1 de mayo del 2010 el presidente Evo Morales decretó la nacionalización de las empresas generadoras de energía Corani, Guaracachi, Valle Hermoso, además de la distribuidora Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba SA como consecuencia de la “falta de inversiones” en generación y el desarrollo de la energía eléctrica en los últimos 15 años.

El 25 de agosto, el presidente de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía, Carlos Delius, subrayó que la nacionalización de las generadoras continúa afectando la inversión privada en el sector eléctrico del país.

“Se está esperando que se aclare el panorama para la inversión privada en generación y se asiente la polvareda que dejó la nacionalización de las generadoras. Mientras tanto, confiamos en que el Estado pueda resolver este problema (la falta de inversión en generación)”, expresó el ejecutivo.

Actualmente, “tenemos muchos problemas con (la inversión de) las empresas” privadas en generación, reconoció, por su parte, Gutiérrez. Asimismo, otra de las empresas que sufrió esta medida fue la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel).

El 1 de mayo del 2008, el Ejecutivo emitió el decreto que nacionaliza Entel, luego de que se intentara negociar la recuperación del 50% de las acciones de la telefónica, las cuales estaban (en ese entonces) en poder de la italiana Euro Telecom International (ETI)

Todas las nacionalizaciones estuvieron precedidas por la toma de las instalaciones de las empresas por parte de la Policía o Fuerzas Armadas.

Dos empresas observadas

YPFB informó que sólo dos de las 103 empresas que están habilitadas para prestar servicios petroleros en Bolivia están bajo observación: NCD sostiene un arbitraje con Chaco y Geokinetics enfrenta una demanda laboral.