El vicecanciller Juan Carlos Alurralde informó que el planteamiento fue hecho en el marco de la reunión del “Grupo Especial sobre Libre Tránsito”, que se realizó en La Paz, la semana pasada. Del 100% de movimiento de carga en Arica, el 82% corresponde al tránsito desde y hacia Bolivia.

Teniendo en cuenta esta situación, además de la intención privada de incrementar el costo del movimiento de carga, se planteó la administración boliviana del embarcadero. “Escucharon con atención y anotaron el requerimiento para consultarlo en las esferas competentes”.

La empresa Terminal Puerto Arica (TPA) administra el puerto. El 2010 propuso el aumento de las tarifas en porcentajes que llegan hasta el 109%, es decir, de US$26 a US$54,3 por tonelada de carga.

Alurralde anunció que asumirán acciones porque el accionar de la TPA  afecta los intereses nacionales y sólo pretende privilegios económicos. “Eso significa que debería anularse la concesión del puerto de Arica a la TPA, por lo que deberían buscarse medidas para lograr una conciliación, como se hace en cualquier concesión que es anulada”, expuso Alurralde.

La directora de la Administración de Servicios Portuarios Bolivia (ASPB), Marianela Prado, por su parte, acusó a la concesionaria del puerto de Arica de “imponer a su gusto” las tarifas desde el 2004, en desmedro de los intereses del empresariado boliviano.

El vicecanciller boliviano anunció que asumirán acciones porque el accionar de la TPA afecta los intereses bolivianos y sólo pretende privilegios económicos.

“Desde ese momento, la República de Chile transgrede el Tratado de 1904, y le pasa su responsabilidad histórica de compensación (a Bolivia) a un monopolio privado que el Estado boliviano no reconoce”, cuestionó.

Tránsito. El Tratado de 1904, firmado entre La Paz y Santiago, establece en el artículo VI que “la República de Chile reconoce en favor de la de Bolivia, y a perpetuidad, el más amplio y libre derecho de tránsito comercial por su territorio y puertos del Pacífico”.

Asimismo, el artículo VII refiere que “la República de Bolivia tendrá el derecho de constituir agencias aduaneras en los puertos que designe para hacer su comercio (...)”.

Producto de la concesión a la TPA el 2004, Bolivia perdió ventajas para el movimiento de cargas. Además, se eliminó la jurisdicción del Estado boliviano establecida en el Tratado de 1904 y los convenios de 1912 y 1937, sobre la potestad de Bolivia en el transporte de carga.

Prada explicó que las restricciones a la carga boliviana se dan en la normativa, en el movimiento de carga en el puerto y en temas de vialidad y seguridad que se imponen por parte del gobierno chileno y que no son consensuadas con Bolivia.

La carga boliviana a julio del 2011 llegó a 1.006.546 toneladas, lo cual representó un crecimiento del 22% respecto a julio del 2010, tiempo en el que se movilizó 828.216 toneladas, de acuerdo con informes de la Empresa Portuaria de Arica.

La CNI propuso, mediante un comunicado, tres soluciones al tema portuario en Arica: reactivar el Sistema Integrado de Tránsito (SIT), realizar estudios para habilitar puertos alternativos a Arica e impulsar la creación de puertos secos en Bolivia.

El sector denunció que “la TPA modificó de manera unilateral las tarifas para el carguío de contenedores (...) y fijó un tarifario relacionado por tiempo de permanencia de los contenedores en el puerto, lo cual constituye una transgresión al Tratado de 1904”.

El canciller David Choquehuanca denunció en varias oportunidades que Chile vulnera el Tratado de 1904, que fijó los límites tras la Guerra del Pacífico, en lo relativo al libre tránsito que debe garantizar a favor de Bolivia.

TPA genera hasta US$26M al año. De acuerdo con datos de la Terminal Puerto Arica (TPA), el 2010 generó ingresos por US$26 millones y obtuvo utilidades por US$3 millones.

Entre los perjuicios al sector exportador, está la penalización de US$100 para contenedores que permanezcan 12 días o más en puerto. Antes, la tarifa única era de US$33. Con ello no se cumple el Tratado de 1904, que señala que un contenedor puede permanecer hasta un año sin pago alguno.