La Paz. El presidente interino de Bolivia, Alvaro García Linera, promulgó este miércoles la nueva Ley de Minería y Metalurgia, que busca diversificar las inversiones y promover la cadena de industrialización minera desde la exploración de nuevos yacimientos.

La nueva medida legal abre el camino para una participación activa del Estado en toda la cadena productiva minera.

"Los empresarios tienen que pagar buenos impuestos, porque si no, no nos interesa que vengan a explotar nuestros recursos", afirmó en su discurso de rigor García en la ciudad de Oruro, oeste de Bolivia.

En el acto participaron, además de las autoridades nacionales, departamentales y municipales, representantes de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), de la Federación Nacional de Cooperativas (Fencomin) y de la minería privada.

Todos ellos contribuyeron a la redacción de la norma que, entre otros aspectos, anuló el carácter hereditario de concesiones y la firma de acuerdos con privados sin aval estatal.

El sector estatal, cooperativista y privado tiene participación en esta área de la economía.

Explicó que los cooperativistas, a diferencia del pasado, tienen derecho a ocupar áreas importantes de trabajo, y lanzó el desafío de avanzar en la tecnificación como arma para afrontar posibles bajas en las cotizaciones.

"Tienen que tener un fondo interno para ir creando tecnología", sostuvo.

El proceso de aprobación en la Asamblea Legislativa fue frenado debido a un conflicto con los cooperativistas, que acabó con la vida de dos cuentapropistas.

Exigían reponer el texto inicial del artículo 151, que los facultaba a firmar acuerdos con privados sin participación del Estado; sin embargo, retrocedieron con el compromiso de apoyo económico del Estado.

Para la minería estatal serán ampliadas las extensiones de operación y explotación.

"Vamos a ser muy selectivos. El Estado no va a ocupar toda la minería, vamos a seleccionar las mejores áreas mineras de Bolivia, el Estado va a seleccionar las mejores vetas", anticipó.

En su turno, el ministro de Minería, César Navarro, destacó que la nueva ley minera -que reemplaza a la aprobada en 1997 en el gobierno del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada- fortalecerá a la estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol), afianzará el control en el proceso de la cadena productiva, principalmente en la comercialización, y apuntalará la industrialización.