El 15 de abril, la juez Betty Nogales Bohorquez autorizó congelar las cuentas bancarias de la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) para “garantizar” la compensación por un presunto daño económico a la Fábrica Nacional de Cemento (Fancesa).

Los accionistas de Soboce eran dueños del 33,34% de las acciones de la cementera chuquisaqueña, pero el gobierno decidió expropiar —el 1 de septiembre de 2010— su paquete accionario en favor de la gobernación de Chuquisaca.

Operaciones. Los ejecutivos de Soboce advirtieron que el congelamiento de las cuentas bancarias de la empresa afectará las operaciones de la cementera y tendrá “graves” consecuencias en el sector constructor del país.

Ante ese escenario, el directorio de los trabajadores de Soboce se reunió el lunes 18 y resolvió “rechazar de manera enérgica y contundente la forma arbitraria, prepotente, indebida y hasta ilegal con la que se trata” a la empresa cementera.

“Ante tanto hostigamiento y arbitrariedad de la justicia en Sucre, el Sindicato Nacional Fabril de Soboce y los sindicatos regionales del país nos declaramos en estado de emergencia permanente”, señala la resolución de los trabajadores.

De continuar estas “arbitrariedades”, indica el voto resolutivo, “nos reservamos el derecho de asumir las acciones necesarias para poder precautelar y defender, si es necesario con nuestras vidas, nuestras fuentes de trabajo que son el sustento para nuestras familias”.

Por su parte, la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia exigió ayer, a través de un voto resolutivo, el respeto a las fuentes laborales de los trabajadores de Soboce y pidió que se sancione “la actitud oportunista” de la juez Betty Nogales.

“Esperamos de las autoridades estatales, del Poder Ejecutivo y Judicial (sic), tomen medidas claras que impulsen la producción, no medidas políticas”, expresa uno de los considerandos del voto resolutivo.

También advierte que el congelamiento de cuentas de la empresa perjudicará la producción de cemento, “lo cual generará desabastecimiento, especulación y la subida del precio de la bolsa de cemento”.

Chihuahua pide que se cumpla el DS 616

El principal socio de Soboce, Grupo Cementos Chihuahua (GCC), espera que se respeten y cumplan todos los artículos del decreto 0616, dictado el 1 de septiembre de 2010 “por el propio gobierno boliviano”.

Jaime Fernández, director de Planificación de GCC, se reunió con autoridades del Ejecutivo para expresar su profunda preocupación por el prolongado incumplimiento del compromiso de pago por las acciones de Soboce.

“El plazo fijado por un decreto supremo, que expropió las acciones de Soboce en Fancesa, expiró hace casi dos meses y aunque una empresa externa ya ha entregado el avalúo del monto que debe pagarse a Soboce, no hay señales sobre el cumplimiento de esa responsabilidad legal y ni siquiera se ha hecho público el resultado del avalúo”, señala una nota de prensa de Soboce.

El 1 de septiembre de 2010, el Gobierno expropió el 33,34 % de las acciones que Soboce tenía en Fancesa y las transfirió a la Gobernación de Chuquisaca.