Nueva York. Los jefes de BP superaron una semana de críticas en Washington pero el panorama financiero de la firma sigue bajo el escrutinio de los inversores, que buscan sopesar los costos y riesgos derivados del mayor derrame de crudo en la historia estadounidense.

La agencia calificadora Standard & Poor arrojó un balde de agua fría a la esperanza de que un fondo de US$20.000 millones establecido por BP limitaría sus responsabilidades.

La agencia rebajó el jueves la calificación de BP, citando al fondo creado como una desventaja competitiva y diciendo que podría volver a reducir la nota si crecen los costos del desastre.

Los analistas financieros BofA, Merrill Lynch y Seymour Pierce también sacaron a BP de sus notas más altas.

Mientras tanto, a 1.600 metros de profundidad en las aguas del Golfo de México el crudo sigue fluyendo 60 días después de la explosión en una plataforma petrolera que desencadenó el desastre.

BP está extrayendo parte del petróleo desde el pozo averiado usando un sistema que incluye una cúpula de contención y perforando pozos de alivio con la esperanza de que detendrá la fuga para agosto.

El tesorero de Luisiana, John Kennedy, estima que el daño ambiental y económico podría llegar hasta 100.000 millones de dólares para su estado y otros en la costa del golfo.

Tony Hayward, presidente ejecutivo de BP, sobrevivió el miércoles un viaje a la Casa Blanca junto al presidente del directorio de la firma, Carl-Henric Svanberg, para reunirse con el presidente Barack Obama, y luego soportó el jueves el asalto verbal de los legisladores.

Pero ante la repetición de Hayward de que no podía explicar las causas del derrame y que desea que todos esperen a que concluyan las investigaciones, algunos en el Congreso están pidiendo su salida.

"Nadie en BP ha sido despedido", dijo la representante demócrata por Florida Kathy Castor a Reuters Insider luego de la audiencia. "Es hora de que rueden cabezas en BP", agregó.

"Nadie en BP ha sido despedido", dijo una representante demócrata.

Munición política. La marea negra ha manchado 190 kilómetros de costa, puso en peligro las multimillonarias industrias pesquera y turística de la región, y mató aves, tortugas marinas y delfines.

Pero el fondo de US$20.000 millones que BP acordó junto con Obama para solventar daños provocados por el derrame podría tener consecuencias imprevistas, incluida una adquisición por parte de una rival e influencia en las elecciones del Congreso estadounidense en noviembre.

La tormenta política se incrementó luego de que el congresista republicano de Texas Joe Barton, un importante receptor de contribuciones de campaña de la industria petrolera y gasífera, se disculpó ante BP en la audiencia.

"Es una tragedia de grandes proporciones que una corporación privada pueda ser sometida a lo que yo describiría como una extorsión, una extorsión de US$20.000 millones", dijo Barton.

Horas más tarde bajo la presión de los líderes de su partido, el retiró su disculpa a BP y dijo que lamentaba haber usado el término "extorsión". Demócratas ansiosos de conseguir municiones electorales aprovecharon su metida de pata.

El fondo, para clarificar al menos parte de las responsabilidades, podría instar a rivales mayores a abalanzarse sobre BP, dijo Christopher Zook, presidente ejecutivo y financiero de CAZ Investments en Houston.

"Me sorprendería si dentro de dos años BP sigue siendo una compañía independiente", declaró Zook, quién simpatiza con la idea de que el Gobierno no debería interferir con las finanzas de BP.

Otras petroleras se distanciaron esta semana de BP durante audiencias en el Congreso, intentando mostrar una mejor imagen que la firma con sede en Londres en términos de prácticas de seguridad y estándares de operación.

La fuga submarina comenzó con la explosión de una plataforma petrolera alquilada por BP que mató a 11 trabajadores el 20 de abril y averió el pozo submarino.