Uno de los accionistas de la empresa American SRL, investigada por lavado de dinero, cuenta con proceso judicial abierto en Brasil por contrabando y asociación criminal. Sin embargo, dos de los bancos locales que realizaban transferencias al exterior para dicha firma no pudieron identificar debidamente a los accionistas de su cliente, reflejándose serias falencias en las normas antilavado, según la SIB.

Se trata de Alberto Henrique Da Silva Bartels, accionista de American SRL, poseedor del 99% del paquete accionario, quien cuenta con una causa abierta en la cuarta región del Estado de Paraná (Brasil). La causa está identificada con el número “5010939-62.2011.404.7002” y se relaciona a un caso de contrabando de cigarrillos. La otra accionista es María del Rosario Queirolo.

La información, que es de fácil acceso, se pudo obtener a través de internet por una publicación en el sitio www.correioforense.com.br. Estos datos fueron comprobados por los propios inspectores de la Superintendencia de Bancos (SIB), quienes reclamaron tal inobservancia a los bancos Continental y BBVA Paraguay.

American SRL es cliente de ambos bancos, a través de los cuales realizó grandes transacciones al exterior en los últimos años.

La SIB señaló en una nota enviada a ambas intermediarias que se evidencia la falta de procedimientos efectivos destinados a dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 6° que advierte sobre las “Medidas de identificación y monitoreo de transacciones de la resolución 172/2010 de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad)”.

Publicación. En la citada publicación se menciona a uno de los accionistas de la firma American SRL (que posee el 99% del paquete accionario) identificando a Henrique Da Silva Bartels como uno de los jefes de una organización criminal, acusada de vender en el mercado brasileño productos exclusivos para exportación y fabricación en el interior de San Pablo (Brasil), cigarrillos que solamente debían ser hechos en industrias del lado paraguayo.

“Ante dichas divulgaciones, de público acceso, no se observa entre las documentaciones obrantes en los bancos que se haya profundizado el análisis o iniciado alguna investigación para lograr dilucidar la responsabilidad del mencionado accionista de la firma, cliente de dichos bancos. Ante los hechos denunciados, en esta ocasión, la debida diligencia que debe ser ejecutada por el sujeto obligado demostró falencia, reforzándose la debilidad, dado que no consta la intervención del oficial de cumplimiento ni del auditor interno”, señaló parte del informe que la SIB envió a los bancos Continental y BBVA Paraguay, en el que además solicitó aclaración de los puntos cuestionados.

Operaciones. American SRL realizó operaciones de transferencias a través del BBVA Paraguay por US$1.007.478 durante el año 2011, y por US$10.229.713 a través del Banco Continental durante el mismo período, de acuerdo con los datos de la Superintendencia de Bancos (SIB).

Baja preparación o complicidad. El informe de SIB revela por un lado la baja preparación e inexperiencia de quienes elaboran la ficha de los clientes y de los oficiales de cumplimiento que supervisan la veracidad de los datos y que se ajusten a las exigencias de la Ley.

Por otro lado, también puede darse un cierto grado de complicidad de los que finalmente autorizan la operación al pasar por alto datos tan relevantes. Un oficial de cumplimiento es una persona clave que debe entender perfectamente todo el procedimiento dentro de una institución y está obligado a reportar cualquier anormalidad que encuentre en el proceso.  Es una especie de “espía”, explicó el ministro de la Seprelad, Óscar Boidanich.

En ese sentido, insistió en la importancia de la preparación y experiencia que deben tener los funcionarios que ocupen ese cargo; así como el debido respaldo de sus supervisores, ya que muchas veces ellos reportan y no tienen el apoyo de los encargados, entonces el informe no prospera, añadió.

Las intermediarias, en general, deben invertir más en capacitar a sus funcionarios en el conocimiento y aplicación de las normativas, ya que una operación sospechosa que se filtra a través de un banco, financiera o casa de cambio empieza desde la apertura de la ficha del cliente por parte del oficial de cuenta, pero, finalmente, es el directivo quien asumirá los riesgos si se comprueba algún hecho delictivo, como el lavado.

De ahí que los directivos de las intermediarias deben poner especial cuidado en la selección y entrenamiento de sus oficiales, insistió.

La inspección. La inspección de los cuatro bancos (Sudameris, BBVA Paraguay, Regional y Continental) fue a raíz de una denuncia que presentó una mujer ante el Banco Central del Paraguay (BCP), en noviembre de 2011, que involucró a la casa de cambio Forex SA, de la sucursal Ciudad del Este, en lavado de dinero, evasión y otros delitos. Por otro lado, se abrieron dos investigaciones penales por este caso. Una en Asunción y otra en Ciudad del Este (CDE).