Así lo afirmó el embajador del Brasil en Bolivia, Marcel Fortuna Biato, quien aseguró que “es un debate que Bolivia tiene que hacer” de manera abierta, inteligente y democrática con todos los sectores sociales.

El tramo II de la carretera, que unirá los departamentos de Cochabamba y Beni, atraviesa el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis). Las comunidades asentadas en el lugar se oponen a la construcción de esta ruta porque, aseguran, provocará daños al medio ambiente.

“El tramo inicial, arrancando de Villa Tunari hasta el norte, y el tercer tramo hasta el sur de San Ignacio de Moxos ya están aprobados, la financiación está concebida. El tramo central que pasa por el parque sólo será concedido a la financiación cuando en Bolivia se terminen los estudios de impacto socioambiental que están en curso, esto significa el diálogo con las comunidades (y) los estudios ambientales que Bolivia tiene que hacer”, señaló el diplomático brasileño.

Y añadió: “Cuando esto esté hecho, ahí vamos a discutir con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil la financiación. Pero (esto) pasa primero por un análisis y una decisión técnica y por supuesto política de Bolivia”.

La Razón intentó comunicarse con el ministro de Obras Públicas para conocer su posición, pero éste se encontraba en reunión.

Indígenas. El dirigente de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB), Adolfo Chávez, resaltó la posición expresada por el embajador del Brasil y señaló que dicha postura responde a que existen convenios internacionales que protegen a los indígenas que ahora han sido incorporados en la Constitución Política del Estado.

“Nos parece muy bien y correcta la posición de la Embajada del Brasil, por cuanto ha estado atenta a las noticias cuando se nos trata de minimizar a los pueblos indígenas”, agregó. La carretera consta de tres tramos y tiene una longitud de 306 kilómetros. Su construcción demandará una inversión de US$415 millones, de los cuales US$332 millones son de un crédito del Bndes de Brasil.

Los pueblos del Tipnis, junto a la Cidob y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), anunciaron el inicio de una marcha hacia La Paz desde el lunes 15 en rechazo a la construcción del tramo II de este proyecto. Los sectores coinciden en que la vía impactará de forma negativa en el medio ambiente.

Al respecto, el ministro de la Presidencia, Carlos Romero, adelantó que ningún representante del Gobierno se constituirá en la marcha para dialogar con los indígenas. “No hay conversación posible que sea objetiva y razonable en una marcha, no puede el Gobierno trasladarse a una marcha cuando ésta no está justificada. Entonces, ahí que no se equivoquen los dirigentes”, afirmó el funcionario.

Se abren a los cambios en la ruta. El ministro de Obras Públicas, Wálter Delgadillo, dijo que el Gobierno insistirá en el inicio del diálogo con los indígenas del TIPNIS para consultarles sobre el tramo II, que aún no tiene un diseño. Además, dijo que el costo para modificar un kilómetro en la carretera es de US$1 millón. “Es decir, por 250 km el monto subiría en US$250 millones”.

Lidema pide modificar el trazo de la carretera. El Gobierno debería invertir un poco más para modificar el trazo del tramo II de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, de tal modo que no atraviese por el centro del Tipnis y no se afecte al medio ambiente del lugar.

Así lo mencionó ayer Edwin Alvarado, coordinador del programa de capacitación y comunicación de la Liga de Defensa del Medio Ambiente (Lidema), quien pidió que la consulta que vaya a realizar el Gobierno a los indígenas del Tipnis sea vinculante.

“El presupuesto para la carretera aumentará naturalmente, porque se tendría que hacer más construcciones en infraestructura como en puentes, pero se protegerá el medio ambiente”, agregó.