Río de Janeiro. Un juez en Campos, Brasil, podría cambiar los cargos criminales presentados contra la petrolera estadounidense Chevron y el operador de plataformas Transocean a Río de Janeiro, una decisión que sacaría al fiscal actual del caso.

Eduardo Santos de Oliveira, un fiscal federal con sede en Campos, al interior de Río de Janeiro, dijo a Reuters que se está realizando una revisión de jurisdicción, lo que podría demorar durante semanas cualquier formalización criminal de las compañías y sus empleados.

Oliveira presentó esta semana cargos criminales contra Chevron, Transocean y 17 de sus empleados en Brasil por supuestos delitos relacionados con el derrame en altamar ocurrido en noviembre en el campo Frade de Brasil, que opera la petrolera estadounidense.

El prometió buscar la sentencia máxima a 31 años de prisión contra los ejecutivos de las compañías.

El juez federal Claudio Girão Barreto considerará si las compañías deben pagar fianza en Campos o si el caso debería ser trasladado a Río de Janeiro. La revisión judicial normalmente tomar cerca de 10 días de calendario.

La revisión no cambia el contenido de los cargos criminales, pero podría sacar el caso del territorio de Oliveira y entregarlo a otro equipo de fiscales.

El tema de la jurisdicción se deriva de la ubicación de los supuestos crímenes en el pozo en aguas profundas, más allá de las aguas territoriales de Brasil, pero dentro de su "zona económica exclusiva" de 200 millas náuticas (370 kilómetros).

Oliveira dijo que el juez le había pedido presentarse ante la corte el lunes con más detalles sobre el caso.

"Creo que trasladar el caso a Río de Janeiro sería un error", sostuvo Oliveira en una entrevista telefónica. "Chevron y Transocean quieren que ustedes crean que esto ocurrió en algún barco o plataforma extranjera o en aguas internacionales. Pero el crimen ocurrió bajo el lecho marino, en territorio físico brasileño", agregó.

Algunos funcionarios brasileños, incluido el senador Jorge Viana del partido gobernante, han dicho que los cargos de Oliveira son extremadamente agresivos. Viana dijo a Reuters esta semana que el caso podría dañar a la industria petrolera brasileña.

Una demanda civil por 20.000 millones de reales (US$11.000 millones) presentada anteriormente por Oliveira en Campos contra Chevron y Transocean, su contratista de perforación en Frade, ya fue trasladado a Río de Janeiro.

Un juez determinó en enero que Campos no era la jurisdicción adecuada para el caso civil, la mayor demanda medioambiental de Brasil.

El derrame de Chevron en noviembre liberó entre 2.400 a 3.000 barriles de crudo desde el campo Frade como resultado de una "patada" de presión durante la perforación. Oliveira ha dicho que la perforación de Chevron fue imprudente e insegura. Las compañías niegan las acusaciones.