Tegucigalpa, Honduras. Un conflicto legal con un grupo de trabajadores del consorcio estatal Hondufarms-Ibermar mantiene paralizada las operaciones de las seis fincas ubicadas en Choluteca. Mientras el resto de la industria de la camaricultura comenzó en la primera semana de febrero con el primer ciclo de cosecha, este grupo de empresas de capital público no ha iniciado el proceso de siembra del crustáceo.

Los técnicos de las fincas Culcasa, Exmar, Fincamar, Acuatec, C.W.Y.C. Camarón e Ibermar han reclamado ante los tribunales de justicia la propiedad de esos bienes nacionales, resultando en primera instancia un fallo del juez supernumerario del Juzgado Seccional de Letras de Choluteca, Jorge Mendoza, que manda que la demanda debe ser ventilada por la instancia civil y no penal, resolución que fue apelada ante la Corte de Apelaciones por la comisión administradora del grupo camaronero, la que preside el subsecretario de Presupuesto de la Secretaría de Finanzas, Carlos Borjas, ante la Corte de Apelaciones.

Los apoderados legales de Hondufarms-Ibermar piden al tribunal de segunda instancia que el juicio se ventile por la vía penal, ya que argumentan que al dirimirse por la instancia administrativa puede demorarse hasta tres años, lo que deja abiertas las puertas para que los técnicos que cuidan las fincas obstruyan el cultivo de camarón.

Igual reclamo hicieron los trabajadores por el derecho de propiedad de la planta empacadora, la que está ubicada en San Lorenzo, Valle, por lo que el Juzgado Seccional de Letras de Nacaome falló a favor del Estado, lo que fue ratificado por la Corte de Apelaciones de Choluteca. Para este miércoles o jueves se espera que el juzgado de segunda instancia emita su fallo.

Este grupo de trabajadores, conocidos como "técnicos" por ser los responsables del cultivo de las fincas, ha venido siendo apoyado por dos empresarios que pretenden quedarse con ese complejo empresarial que en el pasado perteneció al Banco Corporativo SA (Bancorp) y fue traspasado a la Secretaría de Finanzas después de que el Estado destinó alrededor de 1,100 millones de lempiras para cancelar los recursos de los cuentahabientes.

Además de esa disputa legal, las camaroneras del Estado están siendo pretendidas por un grupo de empresarios y políticos cercanos al Poder Ejecutivo y al Congreso Nacional, así como por la asociación de empleados, lo que ha profundizado la lucha por quedarse con los activos de esas empresas públicas.

Operaciones. El conflicto legal ha provocado un atraso de tres semanas en el cultivo de las fincas, de acuerdo con lo expresado por el gerente de Hondufarms-Ibermar, Onán Ponce Martínez.  Agregó que esperan que la Corte de Apelaciones falle a favor del Estado para proceder de inmediato a la siembra de las seis fincas situadas en Marcovia, Choluteca.

El ejecutivo dijo que aún hay tiempo para rescatar el primer ciclo de la temporada 2012. Por otra parte, el entrevistado manifestó que esperan el apoyo del gobierno central para mantener las operaciones de ese grupo camaronero, el que se espera sea sometido a subasta pública en el transcurso del presente año.