La elección de Luis Guillermo Solís como presidente de la República de Costa Rica constituye un reto para los camaroneros, quienes le solicitan al mandatario la solución pronta y cumplida a las dificultades que enfrentan los pescadores en las zonas costeras del país.

La Cámara Puntarenense de Pescadores considera vital que la nueva administración le de importancia a la falta de empleo que existe en la provincia y a la aprobación del Proyecto de Ley de Pesca y Acuicultura que regula el arte de pesca semi-industial camaronera, como lo indica la Sala IV.

Para ellos, es urgente que se resuelva la carencia de apoyo gubernamental y se atienda el desconocimiento que muchos legisladores tienen sobre el proyecto de Ley y el significado de sostenibilidad y balance, entre la naturaleza y el hombre.

"En Puntarenas existe una nueva visión del mar, en donde se busca tomar en cuenta tanto a la naturaleza, como a los que viven de ella. Además, desde hace varios meses implementamos los dispositivos excluidores de peces y tortugas que ayudan a mitigar el impacto en otras especies, hasta en un 98%. También estamos dispuestos a someternos a otras prácticas sostenibles para poder seguir viviendo de esta actividad", afirmó Roy Carranza, presidente de la Cámara Puntarenense de Pescadores.

La problemática del desempleo es una de las principales preocupaciones de los pescadores, pues no reciben ningún tipo de ayuda por parte de las autoridades estatales para reponer los trabajos que se pierdan cada vez que se vence una licencia de pesca.

"En lo que va del año, ya caducaron los permisos de dos embarcaciones, y en el mes de agosto se vencerán dos más. El sustento de cientos de familiares se ven afectados cuando sucede esto, porque solo un barco genera muchos empleos de manera directa e indirecta. Aquí se cuentan desde los capitanes, la tripulación, los transportistas, las mujeres que pelan el camarón, entre muchos otros", comentó Carranza.

Este gremio, adicionalmente, pide atender la poca regulación existente en los precios de los productos marinos y que estos sean supervisados por el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), con el fin de tener una mejor comercialización; ordenar la pesca ilegal que se da en la parte interna del Golfo de Nicoya y obtener opciones de financiamiento.

Los representantes de este sector esperan que el Presidente electo los escuche y pueda aclarar la posición sesgada que se tiene sobre este arte de la pesca, ya que para ellos, es posible implementar medidas para que esta práctica sea regulada y sostenible, como lo establece la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura).

"Como gremio, seguiremos con esta lucha, porque nuestros problemas necesitan una solución rápida por parte del Estado. Por eso, esperamos que el nuevo Presidente se acerque a conocer nuestras necesidades y opiniones", concluyó Carranza.