Hoy, Vale extrae anualmente 110 millones de toneladas de mineral de hierro del suelo de Carajás. Y con el proyecto conocido por la sigla S11D, pretende duplicar la producción hasta el 2016. Sin embargo, en las comunidades persiste la sensación de que la empresa extrae de allí los recursos y deja muy poco a cambio.
Agencia Pública de Periodismo Investigativo. Fue entre 1982 y 1985 que el último presidente del gobierno militar, João Figueiredo, ubico a 1.551 familias en proyectos de colonización en torno al área de minería de Carajás, en el sur del Pará. El proyecto de explotar la mayor reserva de mineral de hierro de alto tenor del mundo, descubierto en 1967, comenzaba a tomar cuerpo con la apertura de la primera mina en la Serra dos Carajás -hoy un complejo que produce el equivalente a cerca de US$13 mil millones anuales de mineral de hierro, la mayor parte de él, exportado.
Aquellos agricultores, sin embargo, no imaginaban que estaban yendo a vivir justo encima del “mayor proyecto de la historia” de Vale, compañía que hoy es la segunda mayor minera del mundo. El objetivo principal de la dictadura al colonizar el área era reducir los conflictos por la tierra en la región del Pico do Papagaio -escenario de la guerrilla de Araguaia durante la década de 1970, principalmente en torno de reservas (valuadas) en 18 mil millones de toneladas de mineral de hierro, además de yacimientos de manganeso, níquel, cobre y oro.
Hoy, la Vale extrae anualmente 110 millones de toneladas de mineral de hierro del suelo de Carajás, en la Serra Norte. Y con el proyecto conocido por la sigla de S11D, pretende duplicar la producción hasta el 2016. En junio del 2012, el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales (Ibama) le concedió la licencia previa para el emprendimiento, que prevé inversiones de US$19,4 mil millones. Un año después, en julio de 2013, le otorgo la licencia de instalación.
Cuando los agricultores llegaron allí, sin embargo, no había ninguna cifra astronómica en juego. “Nos colocaron aquí como vigilantes, aquí no vivía nadie. Cuando llegué aquí, era sólo selva. ‘aquel que ocupe un terreno y no lo desmate va a tener que irse’, ellos nos decían”, recuerda José Ribamar Silva Costa, el “Pixilinga”, espantando la nube de mosquitos que invade el patio de su casa en Villa Planalto, a 12 kilómetros de la sede del municipio de Canaã dos Carajás.
Como él, muchas familias vinieron para instalarse en tres Centros de Desarrollo Regional -los Cedere. Uno de ellos, el Cedere II acabó transformándose en el municipio de Canaã dos Carajás en 1994, hoy una pequeña ciudad de 30 mil habitantes que vive su segundo ciclo de crecimiento: el primero ocurrió con la implantación de la Mina do Sossego, a partir del 2000, que inauguraría la extracción de cobre en Carajás por la Vale, en el 2004. Después de eso, la población local se triplico.
En 1980, los militares sabían que las reservas de minerales de la Serra Sur de Carajás -donde esta ubicada Canaã- eran aún mayores que las de la Serra Norte, cuya explotación comenzaría en 1984. Por eso, intentaron expulsar inmediatamente a los trabajadores rurales que vivían en los alrededores, subsistiendo de la agricultura y de cuidar el ganado de los terratenientes.
“En esa selva cazamos, hay castaña, manga, copoazú, jaca, banana, asaí, limón”, cuenta Tonhão, como es conocido Antonio Mauricio Gustavo, que, en 1979, vino “a pie” de Xinguara, en el Araguaia, en tres días de viaje. “Ahí cada uno cedió un pedacito de tierra para que construyamos una villa, una huerta colectiva”, cuenta, sentado bajo la sombra de un árbol de manga.
“Cuando estábamos limpiando el terreno, llegó un helicóptero de la Vale, descendieron los militares y pusieron la placa: ‘Es prohibida la deforestación, la venta de madera, la pesca. Nosotros pensamos: si la Vale tiene derechos en esa área, nosotros también los tenemos, y llegamos primero. Y rompimos la placa, de ahí nuestro nombre”, cuenta.
El Racha-Placa (rompe placa) queda a cerca de 80 kilómetros de la ciudad de Canaã. El episodio que dio origen al nombre ocurrió en 1984. Los habitantes terminaron haciendo un acuerdo con los militares, cediendo un área para que abran la senda que iría permitir el sondeo del mineral. E impulsaron el proyecto de construir una villa, poblada por casi 100 familias, que llegó a tener dos escuelas, puesto de salud, iglesia y hasta una heladería -todo un logro en aquel fin de mundo. “Hace unos diez años, el personal de la Vale volvió y nos dijo: ‘Ustedes están encima del mayor yacimiento de mineral de hierro del mundo, y nosotros vamos a abrir la mina: si Canaã es el cuerpo, aquí es el corazón del proyecto’”, relata Tonhão.
La comunidad decidió resistir. Parte de las familias, sin embargo, comenzaron a titubear cuando la Vale empezó a comprar la tierra de los terratenientes a precios altos, y los trabajadores rurales quedaron sin empleo. “Quién tenía más tierra, como yo, que tengo cinco hijos, podía vivir de la agricultura, pero la mayoría dependía de los terratenientes para trabajar y acabó aceptando vender las tierras para la Vale”, cuenta. “ellos nos fueron matando de a poco”, dice.
A nuestro alrededor, el escenario ahora es desolador -las construcciones que albergaban escuela y comercio fueron demolidas, y los restos flotan fantasmagóricos en el paisaje tropical. “Ellos nos llaman de ocupas, pero todo aquí es tierra del Estado, que ellos ocupan también”, resalta Tonhão.
Las 49 familias que resistieron resolvieron luchar. Con la ayuda del abogado de la Comisión Pastoral de la Tierra, consiguieron que la empresa comprara un área para reubicarlos, además de dos años de salario mínimo mensual de indemnización para los que perdieron los terrenos. Hace tres años aguardan la transferencia para la nueva área.
“Fue una pérdida para toda la región. Los niños ahora tienen que andar 14 kilómetros para ir la escuela. El trabajador rural no tiene donde comprar lo que necesita”, dice Manelão, un señor simpático de ojos puros que no sabe vivir sin la azada en la mano. “Ellos dicen que nosotros estamos interrumpiendo el progreso. Vamos a ver...”.
La Vale niega irregularidades en la adquisición de las tierras y argumenta , por medio de una carta, que “el Proyecto Hierro Carajás S11D inyectará en la economía R$40 mil millones en inversiones, además de generar más de 30 mil empleos directos durante la fase de implantación y aproximadamente 15 mil empleos (directos e indirectos) en la fase de operación”. Pero, no es con los empleos que los de Racha-Placa parecen estar preocupados. Es todo un proyecto de vida lo que está en juego.
En la portería de la floresta. Los yacimientos de la Vale en la región están dentro de la reserva ambiental Floresta Nacional de Carajás (Flona). Los que ya están en operación desde los años 1980 están ubicados al norte, en un área que corresponde al municipio de Parauapebas. Los nuevos, en el sur, donde la extracción aún no comenzó, quedan en el municipio de Canaã de Carajás. La Flona Carajás es una unidad de conservación, con 411 mil hectáreas, y fue creada en 1998, tras la privatización de la Vale. Un cuarto del área (104 mil hectáreas) es considerado zona de minería, según el Plan de Manejo ambiental. La reserva es administrada por la Vale en sociedad con el Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio).
La portería queda dentro de la ciudad de Parauapebas, ostentando el logotipo verde-amarillo de la compañía, y frecuentemente es cerrada por protestas -de profesores a obreros. El personal de seguridad de la Vale en el local funciona como la policía de la Flona Carajás . En la ciudad también esta el núcleo residencial, instalado en los años 1980, en lo alto de la sierra, para albergar técnicos e ingenieros. Los que se dirigen al idílico barrio, que abriga 1.300 familias en un barrio cerrado, tienen que pedir autorización de la compañía un día antes de la visita,
La Pública entró en la floresta en una camioneta de la Vale, junto con la asesoría de prensa, una visita combinada un mes antes, pero acabamos teniendo el mismo destino de los turistas que visitan la Flona: en vez de llevarnos para conocer las minas, nos condujeron al “zoológico”, un Parque Zoo botánico que alberga animales rescatados por órganos ambientales. La justificación fue la falta de “escolta” disponible para acompañarnos. Volvimos el día siguiente, esta vez con autorización del ICMBio, que nos llevó a conocer el área de operaciones -con excepción del interior de las minas y de otras áreas de seguridad que realmente exigen escolta.
Desde los mirantes sobre las cavas de hasta 300 metros de profundidad de la Serra Norte, las excavadoras de 80 toneladas que extraen el mineral de hierro parecen de juguete. Lo mismo ocurre con los camiones dumpers que trasladan 400 toneladas de tierra en cada viaje, trayendo lo que sobra tras lavar y cribar el mineral -“estéril”- para ser apilado en morros que cercan la cava.
El área de operaciones de la Vale ocupa actualmente cerca de 4% de la Flona Carajás. Entre 2003 y 2012, el Ibama multó a la empresa nueve veces por irregularidades ambientales. El ecosistema más amenazado en su interior -la sabana metalífera- ocupa 5% del territorio. La canga, como es conocida allí, brota en los calveros de la cima de las colinas, denunciando la presencia de mineral, como explica Frederico Martins, biólogo, que es el administrador de la Flona Carajás. “Esa vegetación es única en ese ambiente ecuatorial y no fue lo suficientemente estudiada”, dice.
Martins también fue nuestro guía en el área del proyecto S11D, el primero a invadir el territorio inexplorado de la Serra Sur de la Flona y sus decenas de cavernas, especies endémicas de la fauna y flora y lagunas naturales de piedra. Una de ellas es llamada por la población local de Laguna de Dina, en homenaje a la mítica guerrillera del Araguaia Dinalva Teixeira, geóloga que decían ser capaz de se transmutar en mariposa cuando se ocultaba en la selva, huyendo del Ejército. A los 29 años, en 1974, Dina desapareció tras ser detenida por los militares.
El proceso de liberación ambiental del proyecto más ambicioso de la Vale tardó ocho años y pasó por diversas alteraciones antes de obtener la licencia de instalación, en 2013. Parte de la financiación del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Bndes) ya fue aprobada y el proyecto está siendo acompañado atentamente por el área económica del gobierno federal: el mineral de hierro, principal ítem de exportaciones brasileña, es el mayor responsable por el saldo positivo de la balanza comercial. La Vale concentra 96% de la exportación de mineral de hierro, 10% del valor total de nuestras exportaciones.
Aunque la producción de la multinacional brasileña en Minas Gerais aún sea mayor de la de Pará, Carajás es el polo en expansión porque hay un mayor potencial de reservas y ofrece mineral con tenor de hierro mayor a 66% (el de Minas Gerais esta en torno de 53%). “Siempre va a haber mercado para Carajás, nuestra ventaja competitiva es la calidad del mineral”, afirma Jamil Sebe, el director del Proyecto Ferrosos Norte de la Vale.
Además de la inversión en la extracción del mineral, el proyecto S11D también comprende obras de logística en el valor de US$11,4 mil millones. Está prevista inclusive la duplicación de la Estrada de Ferro Carajás, una ferrovía operada por la Vale con 892 kilómetros de rieles, hasta la terminal de exportación en el litoral del Maranhão, contra la cual movimientos sociales de la región están protestando.
Entre julio y septiembre de 2012, una acción civil pública movida por el Consejo Indigenista Misionario, por el Centro de la Cultura Negra del Maranhão y por la Sociedad Maranhense de Derechos Humanos consiguió paralizar la duplicación, por decisión cautelar. En septiembre de aquel año, el Tribunal Regional Federal de la 1ª Región respondió al recurso presentado por la Vale y permitió la reanudación de las obras. Las entidades reclaman que el proyecto no realizo el estudio de impacto ambiental (EIA-Rima) y también alegan que no hubo consulta a las comunidades indígenas y quilombolas, conforme prevé la Convención nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El 20 de noviembre de 2012, la Vale consiguió la licencia de instalación por el Ibama, pero la acción civil continúa en marcha y puede modificar el destino de las obras en el futuro.
Según datos del proceso judicial, las obras en el ferrocarril afectarán 27 municipios, además de las áreas indígenas Awá-Guajá y 86 comunidades remanecientes de quilombos, según la Fundación Palmares -en total, hay, allí, 28 áreas de preservación permanente.
Fue en medio de esa lucha que, en una reunión en octubre de 2012, representantes de los movimientos sociales entregaron al actual director de la Vale, Murilo Ferreira, el premio de “peor empresa del mundo”, obtenido en una votación promovida por ONGs internacionales, Public Eye. La designación al “premio” fue hecha por la red de organizaciones sociales Justiça nos Trilhos.
En el sitio web del premio, un fotomontaje explicita el espíritu de la acción. “Nosotros transformamos la floresta en minas y represas -no importa como”, se lee en un anuncio publicitario fake, bajo una foto en que árboles caen por una represa rota, al lado de la imagen de un indígena llorando. La referencia inmediata es a la participación de la Vale en la construcción de la usina de Belo Monte, proyecto cuya repercusión internacional ayuda a explicar los 25 mil votos que la empresa obtuvo, de entre los 88 mil recibidos veía internet. La Vale tiene 9% de participación en el Consorcio Norte Energía, que es socio de la obra.
Pebas. La disputa de los movimientos sociales de la región con la Vale tiene como eje central ese territorio, colonizado y ocupado de acuerdo con los intereses de la compañía desde su época estatal. La sensación es que la empresa extrae de allí los recursos y deja muy poco a cambio. Para tener una idea, una de las acciones recientes en la región se denomina “campaña contra el saqueo de nuestros minerales”.
En Parauapebas, se puede percibir el desafío que es encarar esa realidad. A un visitante incauto, pocas cosas allí le indican que se trata del municipio que tiene el segundo mayor Producto interno bruto (PBI) de Pará (R$15,9 mil millones), detrás sólo de la capital, Belén.
En la carretera que lleva a la ciudad, los agujeros inmensos en el asfalto precario exigen la atención del conductor en la disputa por el espacio con el transito pesado de los camiones que abastecen a los 153 mil habitantes del “Peba”, como llaman al municipio los habitantes que salen de casa temprano en multitudes uniformizadas con identificaciones de constructoras y empresas de limpieza.
Los hoteles cobran R$200 de diaria y ofrecen de todo -pero falta todo también por allí. “Tenemos de todo, pero justo ahora no hay” es la respuesta común que se oye en todas partes cuando se intenta comprar cualquier cosa- a no ser cigarrillos y cerveza. Falta hasta agua, a pesar de la abundancia hídrica de la región que se ve en las curvas del río Parauapebas, el “Sebosinho”, como lo llaman hoy. Más del 87% de las residencias no tenían saneamiento básico a fines del 2012, y el agua sucia corre por las calles.
La “pionera” María Aparecida Alves de Olivo, 39 años, camarera, no es una mujer que se asuste fácil. A los siete años, vino con la madre y los hermanos del interior de Goiás buscando a su padre minero, que andaba por la gruta de Curionópolis, llamada entonces de “mina dos 30”, en referencia a la cantidad de toneladas que fue extraída de ella. Mientras “Peba” era ordenado en lotes a partir de los canteros de las obras de Carajás, Cida quedo embarazada, a los 13 años, del primero de los cinco hijos. Hoy, los muchachos trabajan en constructoras y las muchachas hacen limpieza en las empresas tercerizadas. La excepción es la mas joven, que pasó en el “entrenamiento de la Vale”, como ella lo llama -el programa de formación de mano de obra de la empresa junto con el Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial (Senai), primera etapa para conquistar la codiciada “camisa verde” de la empresa, uniforme de los empleados de la Vale.
“Ella ahora está más cerca de tener un futuro”, dice Cida. “Esas obras van y vienen. Uno de mis hijos está en Belo Monte, ahora, pasando dificultades en los conflictos de allá”, comenta ella, en referencia a las protestas de trabajadores contra la responsable por el proyecto de la fábrica hidroeléctrica en Altamira (a 650 km de ahí).
Basta un número para explicar la alegría de Cida con el éxito de la hija: en Pará y Maranhão, la Vale dice tener “31 mil empleados -entre propios y terceros permanentes”. Los otros tienen que arreglarse en las empresas tercerizadas o en el creciente sector de servicios. Fue lo que hizo Ivo, del cibercafé Matrix, tras “cansarme de lavar minerales en las tercerizadas”, él me dice, en uno más de los días en que “en este momento no hay internet”.
¿Por qué tanta carencia? Los royalties de la minería (Contribución Financiera por la Explotación de Recursos Minerales-CFEM) y la parte del Impuesto sobre Circulación de Mercancías y Servicios-ICMS (devenida de la peletizacion y de la comercialización del mineral) sumaron, según a la prefectura de Parauapebas, 75,09% de sus ingresos en el 2010, o R$505 millones. De acuerdo con la legislación, 65% de la CFEM (2% de la facturación obtenida con la extracción del mineral, en promedio) quedan en el municipio, 23% con el Estado y 12% con la Nación.
El ayuntamiento alega que el gran aluvión de migrantes y el éxodo rural, en los últimos años, dificultan su trabajo y exhibe datos que muestran un crecimiento demográfico del 115%, entre el 2000 y el 2010. “Invertimos todo en salud y educación para dejar un legado”, se defiende Darci Lermen, del Partido de los Trabajadores (PT), que termino, en el 2012, su segundo mandato. Él dice que esta preocupado en preparar la ciudad para el “vacío” que representará el agotamiento de los actuales yacimientos de Carajás en el área de Parauapebas, lo que la Vale prevé que debe ocurrir alrededor del 2037.
En busca de ingresos para su administración, Lermen llegó a contratar un estudio de abogados y firmar un convenio con el Departamento Nacional de Producción Mineral (DNPM) para auditar las cuentas de la Vale. “la empresa ya había sido notificada por el DNPM por descontar indebidamente el coste del transporte de los camiones dumpers, que circulan dentro de la mina, una locura”, se exalta el alcalde, que fue blanco de una carta de denuncias enviada a la presidente Dilma Rousseff por el ex-presidente de la Vale, Roger Agnelli, por “desviar recursos públicos” al contratar abogados.
El hecho ocurrió en 2011, poco antes de Agnelli ser defenestrado por el Consejo de Administración de la Vale. El Preví, fondo de sanidad de los operarios de la Banco de Brasil, es el grupo con mayor fuerza, hoy, dentro de la empresa privatizada, y el grupo lo consideraba demasiado alineado al banco Bradesco, el mayor socio del bloque “privado”, seguido por la japonesa Mitsui. Antes de trabajar en la Vale, Agnelli fue ejecutivo del banco.
La Pública tuvo acceso a uno de los procesos referentes a la CFEM -una acción de ejecución fiscal en la Justicia Federal de Marabá-, con las actas de infracción del DNPM que corroboran la versión del alcalde. Fueron esas acciones las que dieron como resultado el cobro de R$4 mil millones del DNPM, valor objetado por la Vale en la Justicia.
El candidato del alcalde perdió en la vísperas de la elección. Más que por el “justo ahora no hay” del pueblo de Peba, lo que parece haberlo apartado de la disputa fue un episodio oscuro que ganó repercusión nacional: el descubrimiento de R$1,1 millón en el jet de un empresario de la región. Tras publicar que el dinero había sido vinculado al PT por la Policía Federal, la prensa desmintió la noticia -y aún no se sabe a quién se destinaba el dinero.
El delito fue descubierto tras una denuncia anónima en el “aeropuerto de Parauapebas”, dijeron los periódicos del Sudeste. Pero, Parauapebas, no tiene aeropuerto. El aeropuerto queda dentro de la Floresta Nacional de Carajás, al lado del núcleo residencial de la Vale. Donde hay de todo, y siempre.
Riqueza no compartida. Poco más de 160 kilómetros al norte de Parauapebas queda Marabá. La ciudad está en la confluencia de tres ríos (Araguaia, Itacaúnas y Tocantins) y se encuentra situada al lado de uno de los pocos tramos asfaltados de los 4.977 kilómetros de la carretera Transamazónica.
Marabá se yergue sobre los resquicios de los castañares ocupados por haciendas en los años 1950. La ciudad vivió la fiebre del oro que culminó con la Serra Pelada, en la que miles de hombres retiraron con las propias manos por lo menos 30 toneladas de oro -según datos oficiales-, con incentivo de la dictadura. Hoy, Serra Pelada forma parte de otro municipio y una empresa minera canadiense asumió el control de la mina, en sociedad con una organización de antiguos mineros.
De aquel tiempo hasta acá, sin embargo, Marabá no paró de recibir migrantes que corrían detrás del dinero de la minería. Entre los años 1980 y 1990, sin embargo, perdió casi toda el área de las reservas en sucesivos desmembramientos del municipio. Dos años después de que la primera carga de mineral de hierro partiese, por la ferrovía Estrada de ferro carajás, y sea embarcada en la Terminal de Ponta da Madeira, en la isla de São Luís, en Maranhão, el territorio de la Vale pasó a llamarse Parauapebas.
Además de padecer con la infraestructura precaria y los pésimos índices sociales, Marabá es la segunda ciudad más violenta del Pará y la novena más violenta de Brasil, con un promedio de 86,1 homicidios por 100 mil personas, cuatro veces el promedio nacional, segundo el Mapa de la Violencia 2013.
La ciudad no vio nada de la distribución de los recursos de la minería. Aunque sería más correcto decir que la ciudad vio trenes. Trenes y más trenes de 330 vagones, cargados de hierro, pasan por Marabá todos los días, camino al puerto y a las industrias de arrabio de la región -las que generan empleos de peor calidad y mayor contaminación al ambiente.
Para hacer el arrabio las empresas locales mezclan el mineral que compran de la Vale con el carbón vegetal que debería venir -según los documentos presentados a la fiscalización, inclusive- de sobras de aserraderos y de proyectos de reforestación, pero, según el Ibama, el origen de esa materia prima sobrepasa en 60% material de origen ilegal.
A los problemas urbanos, Marabá une el peso de la desestructuración de su área rural y es presencia constante en los informes nacionales e internacionales de derechos humanos sobre el trabajo esclavo en carbonerías precarias -muchas veces instaladas en el interior de asentamientos rurales que deberían garantizar calidad de vida a los campesinos, hoy zozobrando con la falta de crédito agrícola y con el abandono de los proyectos agroextractivistas.
El sueño de progreso mas reciente que entusiasmo a Marabá -la apertura de una siderúrgica, la Alpa (Acero Laminados del Pará), para verticalizar la producción del mineral de hierro y generar unos prometidos 5 mil empleos- parecía próximo a realizarse cuando, en el 2010, el entonces presidente Luiz Inácio Lula de Silva llegó a inaugurar el cantero de obras de la “siderúrgica de la Vale”. Pero el proyecto fue detenido por la empresa. “Tras 30 años extrayendo mineral, en Marabá no hay una fábrica de cuchillos para que uno se mate”, dice el comerciante Eliomar Carneiro, que transfirió su pescadería de Belén para allá, apostando en el crecimiento de la ciudad.
Si la S11D comienza a operar en 2016, y con el ritmo previsto por la Vale, Canaã de los Carajás tendrá el desafío de inventar un destino diferente al de Parauapebas y Marabá.
