Panamá. A falta de tres días para que las obras de la ampliación del Canal de Panamá puedan paralizarse, según advirtió el consorcio internacional a su cargo, la administración de la vía se prepara para asumir la continuidad del proyecto en medio de alertas sobre los efectos de esta crisis en la economía panameña.

Los trabajos de construcción del tercer juego de esclusas del Canal de Panamá, contratado en 2009 con el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC) por US$3.118 millones, han disminuido cerca del 70% en comparación con noviembre pasado, afirmó esta semana el administrador de la vía acuática, Jorge Quijano.

Un reclamo de más US$1.600 millones en "sobrecostes" que han dejado sin liquidez al consorcio Grupo Unidos por el Canal, liderado por la española Sacyr y la italiana Impregilo, ha desatado el conflicto, que llegará a su punto crítico el próximo lunes, día anunciado por los contratistas para parar las obras.

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP), a cargo del veterano ingeniero panameño, Jorge Quijano, no reconoce los costes extraordinarios, entre otras razones porque le parece "desproporcionado" exigir por ese concepto cerca del 50% del coste establecido en el contrato.

Quijano siempre ha defendido que las reclamaciones económicas deben procesarse a través de los mecanismos de solución de controversias previstos en el contrato, algo en lo que también han coincidido en la última semana los contratistas aunque con el aviso de que se tardan más que la ejecución de las obras.

El presidente de Sacyr, Manuel Manrique, ha defendido como "justos" los reclamos económicos y ha demostrado en las negociaciones iniciadas el pasado 7 de enero el compromiso e interés de esa empresa de seguir con el proyecto, según reconoció Quijano.

Pero la ACP se ha proyectado en el peor de los escenarios y ya se ha reunido con contratistas que no pertenecen al GUPC pero que han trabajado en el Canal y que serían la opción para continuar los trabajos si el consorcio a cargo los abandona.

El martes próximo está prevista una reunión de la ACP con aseguradora Zurich International, que tiene la fianza por US$600 millones del contrato de construcción del tercer juego de esclusas del Canal, y que es la primera opción para continuar las obras si GUPC las suspenda.

Quijano ha explicado que el contrato establece que en caso de que el consorcio suspenda las obras, estas pueden ser asumidas directamente por la aseguradora, o esta puede pagar la fianza a la ACP, que tomaría el control y a través de subcontratistas terminaría el proyecto.

Entre el lunes y el martes próximo "habrá decisiones de una manera u otra", ya que no está entre los planes de la ACP que el proyecto esté detenido "tres o cuatro meses", sostuvo Quijano.

El administrador también ha mantenido encuentros con miembros de la llamada Junta Asesora, integrada por líderes del transporte y el comercio marítimo mundial, para explicarles la situación y sus planes para garantizar la ampliación en un plazo razonable.

Quijano ha sido cauteloso con la cifras: ha dicho que la ACP tiene acceso a cerca de US$1.500 millones para finalizar las obras, que inevitablemente se retrasarán aunque se buscaría un esquema de trabajo que permita no llevarlas más allá del 2015.

La construcción del tercer juego de esclusas comenzó en el 2009 y se esperaba que finalizara en octubre de 2014, pero ya antes del actual conflicto el consorcio informó de un retraso de nueve meses, hasta junio de 2015.

En Panamá nadie duda que la ACP llevará a buen puerto el proyecto de ampliación, pero los tiempos y costes adicionales derivados del conflicto centran el interés de todos los sectores, incluido el político, precisamente en año electoral.

El vicepresidente panameño y candidato presidencial opositor, Juan Carlos Varela, ha dicho que el conflicto en la ampliación obligará al Gobierno elegido en mayo próximo a mantener la disciplina fiscal.

Varela argumentó que el conflicto va a retrasar la culminación de la obra, lo que significará que el proyecto "costará más" y los nuevos ingresos por peajes también tardarán más en llegar.

La ACP, que ha dicho que ya pagado US$180 millones por sobrecostes por la construcción de las nuevas esclusas, 6% del valor del contratado, había calculado que los ingresos generados por la ampliación permitirían recuperar los gastos de inversión iniciales en menos de 10 años.

El Canal de Panamá aportó US$981,8 millones al Estado en el año fiscal (octubre 201-septiembre 2013), 2,2% más de los que se había presupuestado.

En los 14 años que lleva bajo administración panameña, la ACP ha aportado al Tesoro nacional de 8.590,9 millones e invertido más 2.000 millones en mantener su estructura, según los datos oficiales.