San Francisco. La petrolera Chevron trabaja pacientemente para conseguir que un juez estadounidense invalide un juicio en Ecuador, donde una corte local la obliga a pagar US$8.600 millones por haber contaminado la selva de ese país.

Un juez federal en Manhattan decidió este mes agilizar un proceso que permitiría a la corte federal de Estados Unidos impedir que los US$8.600 millones que el juez ordenó pagar a Chevron sean cobrados por los demandantes en Estados Unidos.

¿Que busca probar Chevron? Que los abogados contaminaron tanto el juicio en Ecuador que no fue justo.

El juicio en Estados Unidos, fijado para el 14 de noviembre, pondrá fin a la estrategia de Chevron de devolver la jugada a sus adversarios.

La batalla legal de 18 años ha tenido muchos giros, que incluyeron correos electrónicos codificados, acusaciones de corrupción judicial, tareas de espía amateur y sombrías figuras que podrían haber surgido de un casting de Hollywood.

En el corazón de la batalla están las acusaciones que Texaco, adquirida por Chevron una década atrás, contaminó partes de la selva de Ecuador entre 1970 y 1980, lo que enfermó a sus residentes locales y arruinó sus tierras.

El 14 de febrero, un juez ecuatoriano falló a favor de los demandantes y sentenció a Chevron a pagar US$8.600 millones.

El fallo estipuló que la cifra se doblaría si la firma no pedía disculpas públicas en un cierto tiempo. Pero la apelación de la sentencia congeló su aplicación y también la de ese plazo.

La corte está en la ciudad selvática de Lago Agrio, el nombre de la ciudad originaria de Texaco en Estados Unidos, Sour Lake.

Chevron prometió seguir luchando. A pesar de las mordaces críticas que recibió en audiencias del Congreso, del filme documental del 2009 "Crudo" y de las coberturas de noticias sobre el caso, la segunda mayor compañía petrolera de Estados Unidos decidió apuntar a los abogados que representaron a los campesinos ecuatorianos.

En una demanda civil bajo la Ley de Organizaciones Corruptas e influenciadas por la extorsión (RICO), mejor conocida por una herramienta contra los gánsters, Chevron hizo acusaciones de extorsión contra los ecuatorianos, sus abogados y sus seguidores, incluyendo a Luis Yanza, una líder índígena en Ecuador que coordinó allí el caso.

"No esperábamos la evidencia del dramático fraude en video de alta definición que finalmente obtuvimos, ni francamente la evidencia documental que surgió", dijo el director jurídico de Chevron, Hewitt Pate, en una entrevista reciente.

Los representantes de los demandantes rechazan cualquier acusación de fraude y el juez ecuatoriano que emitió el fallo dijo que cualquier comportamiento sospechoso no cambia el hecho subyacente que la selva tropical ha sido dañada.

No tan rápido. En Estados Unidos, el juez de distrito Lewis Kaplan entregó una medida cautelar preliminar el 7 de marzo que impide a los demandantes ecuatorianos tratar de cobrar el dinero fuera de su país.

Debe decidir si convertir esta medida cautelar en permanente en el juicio de noviembre.

"Creo que tienen un punto de apoyo en el caso (de Ecuador) y están tratando de impulsarlo tanto como pueden", dijo el abogado Dan Stormer, que demandó a Chevron en un caso no relacionado sobre reclamos en Nigeria.

Chevron ganó esa demanda. Stormer no estuvo involucrado en el caso de Ecuador.

Los demandantes ecuatorianos han argumentado que el juez Kaplan prejuzgó su caso y el 26 de abril solicitaron su remoción.

Chevron abrió este nuevo frente legal justo antes que el director jurídico Pate arribara a la compañía, tras un período en el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

"Confiábamos en que cuando un juez independiente y justo tuviese la oportunidad de revisar la evidencia, la evidencia sería muy clara," dijo Pate.

Chevron obtuvo evidencias de sus adversarios mediante la utilización de un mecanismo legal denominado estatuto 1782, que permite procesos de investigación en casos que suceden fuera de Estados Unidos.

Este estatuto es generalmente utilizado por gobiernos extranjeros que buscan evidencia estadounidense para sus propias investigaciones.

Los datos de Westlaw demuestran que Chevron representó una octava parte de la totalidad de las 1782 acciones en 2010, y la compañía reclama haber descubierto materiales de interés, incluyendo escenas eliminadas del documental "Crude", que llevaron al juez Kaplan a dictar su fallo.

Ejército de intimidación. Un clip de "Crude" muestra un ampuloso abogado de Nueva York, Steven Donziger, discutiendo cómo formar un "ejercito" de seguidores para intimidar a la corte de Lago Agrio, mientras que un prominente activista ambientalista le advierte :"Sólo quiero que sepas que es ilegal conspirar para quebrar la ley."

Donziger coordinó el caso para los demandantes ecuatorianos desde Estados Unidos y fue una figura clave en "Crude."

Otra escena eliminada muestra una reunión entre el experto ambientalista independiente Richard Cabrera, designado por la corte, y el abogado Pablo Fajardo.

Chevron argumentó que Cabrera y sus estimaciones no fueron imparciales.

Como evidencia de la conspiración, el director jurídico de Chevron Pate citó correos electrónicos codificados entre Fajardo y Donziger en los que se referían al juez de Lago Agrio como el "cocinero" y al experto científico como el "garzón" ambos trabajando en un "restaurante", la corte.

Karen Hinton, una portavoz con sede en Estados Unidos de los demandantes, dijo que Fajardo se había referido al intercambio como un juego.

Los demandantes ecuatorianos también iniciaron una acción propia que apunta a Diego Borja, a quien acusan de liderar una campaña de Chevron para remover a otro juez ecuatoriano del caso.

Dicen haber descubierto pagos de Chevron a Borja y su esposa. La empresa dijo que se trata de los gastos para mudar a Borja de Ecuador hacia Estados Unidos.

¿Y entonces? Analistas de Morgan Stanley, que habían estimado que Chevron llegaría a un acuerdo por entre US$2.000 millones y US$3.000 millones, ahora esperan que el cargo se ínfimo, lo que significa que sería reducido significativamente, quizás hasta cero dólares.