Santiago. El accidente en la pequeña mina de oro y cobre que dejó atrapados a más de 30 trabajadores pone el foco en las condiciones de seguridad para la explotación de los yacimientos, especialmente en las faenas de menor escala.

El grueso de las operaciones mineras en Chile está en manos, además de la gigante estatal Codelco, de grandes firmas multinacionales como BHP Billiton, Anglo American, Xstrata y Barrick Gold.

Estos son algunos de los posibles escenarios tras el incidente:

Gobierno revisa operaciones. El gobierno ordenaría una revisión profunda a las actividades mineras en el país para verificar las condiciones de seguridad y cumplimiento de procedimientos.

Esto afectaría principalmente a pequeñas firmas, debido a que las grandes corporaciones realizan altas inversiones en seguridad e incluso algunas poseen certificaciones internacionales en la materia.

Sin embargo, también trabajadores -principalmente subcontratistas- de importantes minas han denunciado que no cuentan con las condiciones de seguridad necesarias.

Se podrían emitir multas o sanciones a los infractores, o establecer un nuevo sistema de certificación y ahí podría jugar un rol clave la estatal Empresa Nacional de Minería (Enami), que justamente se encarga del fomento y la producción de la minería de baja escala.

El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) también podría tener un papel más fiscalizador.

De requerirse mayores inversiones en condiciones de seguridad, esto incidiría directamente en los costos para todas las compañías.

Autoridades cierra faenas preventivamente.  El Gobierno o las autoridades regulatorias ordenarían la paralización de faenas previsiblemente en riesgo hasta que las empresas ofrezcan garantías o especialistas avalen las condiciones de trabajo.

Esto podría afectar temporalmente la producción de cobre y oro dependiendo del rango de la decisión. Sin embargo, es poco factible que la medida llegue hasta minas vitales.

Las autoridades también podrían multar a algunas firmas o clausurar yacimientos que se considere no cumplen con los requisitos mínimos de operación.

Situación sin cambios. Considerando el bajo índice de accidentes de envergadura, el gobierno podría decidir no desarrollar ninguna acción especial, instando a las empresas a mejorar las condiciones y pidiendo a los reguladores mayor fiscalización.

Esto podría llevar a un período de auto revisión por parte de las empresas o mantener las condiciones actuales y riesgos de nuevos accidentes.