La Fiscalía Nacional Económica de Chile presentó ante el Tribunal de la Libre Competencia (TLDC) un requerimiento en contra de Embotelladora Andina S.A. y Coca-Cola Embonor S.A., empresas con licencia para producir y distribuir productos Coca-Cola en Chile, líderes absolutas del mercado de bebidas carbonatadas dentro de sus respectivas áreas de concesión, por prácticas a su juicio "exclusorias en el mercado de la distribución y comercialización de bebidas carbonatadas".

La pugna se genera a raíz del requerimiento que ambas embotelladoras habrían realizado a los dueños de almacenes (tiendas de víveres de barrio, el llamado canal tradicional), para que éstos no realicen publicidad ni exhibición de bebidas carbonatadas o ''marcas B'' en sus puntos de venta, lo que les haría merecedores de incentivos monetarios.

A juicio de la Fiscalía Nacional Económica, este proceder atentaría contra el decreto Ley 211, y habría generado que las marcas alternativas no tuvieran la penetración de mercado retardaran o empeoraran su posicionamiento en el mercado chileno.

Las marcas B, que incluyen a marcas de bebidas producidas por algunas cadenas de supermercados, entraron al mercado chileno en 1998, como consecuencia de la baja del poder adquisitivo local, producto de la crisis asiática.

No obstante, el ingreso de estos productos superó por mucho la citada crisis, ya que, una vez transcurrida, las ventas de marcas B en el canal tradicional exhibieron un sostenido ascenso, alcanzando 9,3% de participación de mercado en 2006, ganando así 8,5% de mercado durante el periodo 2000-2006, en términos de volúmenes de venta.