Santiago. Una regulación poco clara y firme en los sectores minero y energético de Chile tiene en vilo miles de millones de dólares en proyectos, lo que se suma a una creciente ola de rechazo de comunidades locales y ambientalistas en el mayor productor mundial de cobre.

Las autoridades y empresas chilenas han anunciado inversiones por más de US$100.000 millones hasta fines de esta década, con los que espera aumentar en más del 30% la producción de cobre a más de siete millones de toneladas.

Pero el gobierno se enfrenta a masivas protestas de grupos sociales que demandan una mayor tajada de las ganancias del metal rojo, mientras se multiplican las acciones contra iniciativas hidroeléctricas, termoeléctricas y mineras.

En medio de este panorama, han aumentado las críticas al gobierno del conservador Sebastián Piñera de los empresarios, quienes advierten de un grave daño a la productividad si no se resuelven problemas regulatorios, vinculados a consultas de comunidades indígenas y definiciones ambientales.

"El portafolio de US$100.000 millones aparece como algo muy ambicioso, seguramente un poco optimista llevarlo a cabo dentro de los plazos que originalmente se contemplaba", dijo recientemente el presidente ejecutivo de la cuprífera estatal Codelco, Thomas Keller.

Bajo un escenario más adverso, muy pocos se animan a anticipar a cuánto podrían llegar las inversiones que finalmente se concretarán.

"Sorprendería si llegan a US$60.000 millones", pronosticó Colin Becker, socio para el sector minero de PricewaterhouseCoopers en Santiago.

Energía, mayor amenaza. Si bien el liderazgo cuprífero de Chile -que produjo 5,24 millones de toneladas el 2011- no está en riesgo, expertos dicen que el país necesita resolver sus problemas ante la competencia de Perú, y frente al auge de países como Mongolia o Zambia.

Hace unos meses, la generadora local Colbún sacudió al sector al solicitar suspender el megaproyecto HidroAysén -que comparte con Endesa Chile- para pedir al gobierno claridad en su legislación de transmisión eléctrica.

La iniciativa, que considera construir cinco centrales hidraúlicas en la lluviosa Patagonia chilena, ya tiene la autorización de la justicia. Pero el proceso de aprobación de su línea de transmisión promete convertirse en una cruenta batalla legal para el proyecto de más de US$6.000 millones.

En el otro extremo del país, proyectos en la rica región minera de Atacama también corren riesgo luego de que la Corte Suprema rechazó -a petición de comunidades y ambientalistas- la termoeléctrica Castilla, de US$5.000 millones impulsada por MPX del magnate brasileño Eike Bastista.

Tras la negativa de la Corte a Castilla, el empresario brasileño publicó en su cuenta de twitter que se estaba haciendo "imposible" invertir en el país, aunque luego el mensaje fue retirado.

El conservador centro de estudios Libertad y Desarrollo, en tanto, ha dicho que iniciativas energéticas por unos US$22.000 millones y 8.000 megavatios están en riesgo.

En un intento por fortalecer el debilitado sistema eléctrico, el gobierno lanzó recientemente dos proyectos que buscan unificar las líneas de transmisión eléctrica del país, con el fin de asegurar el suministro, reducir los altos costos y mitigar las críticas del empresariado.

Comunidad resuelta. Además de las barreras regulatorias, los proyectos mineros y eléctricos deben enfrentar el creciente poder de las comunidades locales, algo insospechado hasta hace unos años.

Un grupo indígena ya logró paralizar el proyecto de oro y cobre El Morro, de GoldCorp, en una zona de la Cordillera de Los Andes y todavía tiene esperanzas de poner fin al retrasado proyecto de oro y cobre Pascua Lama, de Barrick.

Una corte consideró que El Morro no realizó de forma correcta sus procesos de consulta a comunidades locales.

En un intento por aliviar esta situación, el gobierno decidió impulsar un cambio regulatorio para incorporar al proceso de aprobación de proyectos las consultas a comunidades indígenas, en línea con una regulación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El director del servicio estatal de evaluación ambiental, Ignacio Toro, dijo que las modificaciones legales que se impulsan son perfectibles y buscan atender el cambio de mentalidad de las comunidades.

"Uno espera a raíz del fallo de El Morro que se marque un antes y un después en el modo de relacionarse con las comunidades, tal como ha pasado en el mundo con el tema del medio ambiente", comentó.

Según analistas, la normativa, que les reconocería derecho a consulta a los grupos indígenas, podría alentar la ya creciente ola de rechazos a los proyectos mineros, porque no les daría capacidad para decidir.

En el sector privado consideran que los ajustes son insuficientes y analistas estiman que los adversarios seguirán buscando vías para bloquear las iniciativas.

"Hay miles de formas de trabar los proyectos", dijo Gustavo Lagos, profesor del centro de minería de la Universidad Católica en Santiago.

Algunas mineras han retrasado la entrega de sus estudios de impacto ambiental esperando una mayor claridad legal y para realizar más consultas a comunidades vecinas, en un intento por evitar obstáculos a sus proyectos.

A esta férrea oposición se suma que la industria cuprífera enfrenta una baja en las leyes minerales de sus yacimientos y obstáculos en el acceso a agua y aumento en los costos energéticos.