Santiago. Un informe elaborado por la Comisión de Infraestructura de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), que se realiza cada dos años,  fijó en US$ 40.068 millones la inversión que se debiera destinar a infraestructura pública durante el quinquenio 2010-2014. 

El objetivo es reconstruir la infraestructura pública dañada por el terremoto, suplir los déficits históricos y satisfacer las necesidades que el crecimiento económico generará en el futuro próximo, de manera que el país mantenga y mejore sus niveles de competitividad.

Los US$ 40.068 millones consideran recursos para los sectores vialidad urbana e interurbana, puertos, aeropuertos, servicios sanitarios, mercados del agua y energía, además de infraestructura hospitalaria y penitenciaria. También incluye US$ 4.660 millones para la reconstrucción de obras específicamente en las áreas antes señaladas.

“El terremoto del 27 de febrero dejó varias lecciones y puso de manifiesto aspectos en los que el país debe mejorar, como nuestra vulnerabilidad en infraestructura vial y de comunicaciones, lo que hace aconsejable, por ejemplo, incorporar seguros para la infraestructura pública. Asimismo, es necesario desarrollar una política integral de infraestructura, que incorpore la innovación y la eficiencia en la gestión de los recursos”, sostuvo el presidente de la entidad gremial.

Más requisitos. El “Balance de la Infraestructura” fue analizado por el gerente de Estudios de la CChC, Javier Hurtado, quien destacó que los sectores que actualmente presentan mayores requerimientos de inversión son vialidad interurbana, seguido por electricidad, vialidad urbana (incluyendo a Metro) y servicios públicos sociales.

En lo referente a vialidad interurbana, y pese a que el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas ha experimentado un importante crecimiento en los últimos años, la inversión requerida alcanza a US$ 10.156 millones.

“Chile está lejos de estándares internacionales en caminos pavimentados, lo que afecta la conectividad y la competitividad del país. Por otra parte, la seguridad vial es un tema que tampoco se ha abordado completamente, difiriendo mucho entre las autopistas concesionadas y caminos públicos. Si a ello se agrega la necesidad imperiosa de un adecuado plan de conservación vial, vemos que aún tenemos mucho camino por recorrer en esta materia”, señaló Hurtado.

Cabe mencionar que en el país el transporte de personas y de carga, ya sea al interior de las áreas urbanas o entre ciudades, se realiza mayoritariamente por tierra, lo que explica la urgente necesidad de que se asignen recursos a esta área.

En el ámbito de la energía, es posible observar grandes desafíos en el mediano y largo plazo. Entre los más relevantes destacan la escasez de infraestructura de transmisión que responda al crecimiento de inversiones en generación, la exigencia de contar con fuentes de energía no convencionales y los cambios normativos en materia ambiental y de eficiencia energética. De ahí que la necesidad de inversión alcance US$ 9.990 millones, la que sería cubierta por importantes proyectos en generación y transmisión.

En cuanto a vialidad urbana, se requieren promover inversiones para el mejoramiento del transporte urbano y de la infraestructura vial, sobre todo si se considera que tanto el crecimiento demográfico como el desarrollo económico se traducen en ciudades más extensas y en un aumento del parque automotriz.

A ello se suma que el terremoto ocasionó pérdida de conectividad en varias ciudades y que el país debe contar con una política de desarrollo urbano que contenga una mirada de largo plazo, por lo que se estima un requerimiento de inversión de US$ 8.434 millones

En materia de infraestructura penitenciaria y de hospitales, se constata un gran déficit de arrastre, al que se suma una importante pérdida de camas hospitalarias a consecuencia del terremoto, alcanzando una demanda total del inversión de US$ 5.350 millones.

Otros sectores. Cabe destacar que el sector con menores requerimientos de inversión es el de aguas, pese a que aún posee ineficiencias, como en materia de manejo de aguas lluvia y de agua potable rural, así como en materias de derechos consuntivos y no consuntivos de parte de los grandes consumidores.

En el área portuaria, los esfuerzos se deben destinar a aumentar la capacidad instalada para recibir naves de mayor tamaño y mayores volúmenes de carga, mientras que en materia de aeropuertos, el desafío es desarrollar una infraestructura moderna y eficiente, acorde con el aumento sostenido de pasajeros, la que debe estar incluida en los planes reguladores de las ciudades.

“La infraestructura pública es de vital importancia para el país, pues constituye un factor determinante para mejorar la calidad de vida de las personas y, sobre todo, lograr el desarrollo social y económico”, puntualizó el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Lorenzo Constans.