Santiago. Para que Chile pueda llegar a ser un país desarrollado requiere invertir en infraestructura de uso público cerca de US$48.000 millones en el período 2012-2016, según sostiene el informe “Infraestructura Crítica para el Desarrollo”, elaborado por la Cámara Chilena de la Construcción (CCHC) y entregado en este jueves al presidente, Sebastián Piñera, durante el Desayuno Anual de Empresarios de la Construcción, realizado en el marco de la Semana de la Construcción 2012.

Luego de recibir el documento, el mandatario destacó su importancia y señaló que, sin duda, “contribuirá a convertir lo que puede ser un problema, como es la disponibilidad de infraestructura, en una oportunidad para que Chile tenga las obras que necesita para alcanzar el desarrollo”.

El presidente de la asociación gremial, Gastón Escala, explicó que “la infraestructura de uso público crea oportunidades, mejora la calidad de vida de las personas y reduce los niveles de desigualdad, ya que tiene efectos positivos sobre la productividad y la competitividad, con lo que contribuye a impulsar el crecimiento económico de los países”.

Cabe destacar que los US$48.000 millones calculados en el informe deben ser provistos tanto por el Estado como por el sector privado. Estos últimos aportan al desarrollo de infraestructura de uso público a través del sistema de concesiones y mediante los proyectos que ejecutan en ámbitos como energía y servicios sanitarios.

El presidente de la CCHC añadió que “a nuestra estimación de inversión deben agregarse los recursos para implementar infraestructura que normalmente es decidida a nivel regional y municipal. Además, también es necesario internalizar el concepto de que la infraestructura de uso público estratégica debe ser ‘redundante’, sobre todo en un país sísmico como el nuestro, de manera de mantenerla operativa a todo evento. Si se agregan estos conceptos, la inversión requerida en el período 2012-2016 bordearía los US$65.000 millones”.

De ahí que Chile debiera incrementar la inversión en esta infraestructura, pasando del actual 3% del Producto Interno Bruto (PIB) a tasas anuales entre el 5% y el 6% del PIB.

Evaluación e inversiones. En lo que respecta a la vialidad interurbana y no obstante los esfuerzos por aumentar la inversión en esta área –principalmente con la incorporación de sistema de concesiones–, persiste un significativo déficit en esta materia.

Para reducirlo en un plazo adecuado se debe concretar el Programa de Concesiones del gobierno e incentivar nuevos aportes por parte de la industria concesionaria. La inversión requerida para el período 2012-2016 sería de US$11.581 millones.

En materia de vialidad urbana, si bien en los últimos días se han hecho anuncios positivos, algunos planes de inversión en infraestructura vial y transporte público han sufrido retrasos, lo que afecta la calidad de vida de las personas.

El crecimiento de las ciudades y de la tasa de motorización, así como los mayores niveles de seguridad vial requeridos, debieran servir de aliciente para que estos programas se materialicen. La inversión requerida para el período 2012-2016 sería de US$11.721 millones 

En el sector portuario, las proyecciones indican que habrá que hacer frente a un aumento de la transferencia de carga, así como a una mayor competencia en el transporte marítimo, lo que provoca que se incremente el tamaño de las naves, falte capacidad de respaldo en los puertos y se intensifiquen los problemas de acceso a ellos. La inversión requerida del período 2012-2016 sería de US$1.754 millones.

Por su parte, la infraestructura aeroportuaria debe crecer junto con la demanda durante el plazo que dure una concesión y no esperar que se sature para llevar a la práctica cambios que, en su mayoría, son previsibles.

La autoridad cuenta con las herramientas que le otorga la ley para acordar con el concesionario las obras de mejoramiento que estime necesarias. La inversión requerida para el período 2012-2016 sería de US$1.070 millones.

En materia de aguas, Chile presenta profundas asimetrías en la distribución de sus recursos hídricos, a lo que se suma que el cambio climático y una creciente demanda podrían empeorar la situación en esta materia en las próximas décadas.

Se debiera agilizar la construcción y entrada en operación de los embalses, concesionar plantas desaladoras y avanzar en el análisis de factibilidad de la carretera hídrica. La inversión requerida período para el 2012-2016 sería de US$3.276 millones.

En el ámbito de la energía, además del grave problema del alto costo de ésta, el país enfrenta dos riesgos: un sistema de transmisión sobreexigido y un posible mayor encarecimiento de la energía, inducido por iniciativas, como el proyecto de ley 20/20, que podrían seguir afectando la competitividad de Chile y desincentivando las inversiones productivas.

Tal como lo establece la Estrategia Nacional de Energía, Chile debiera desarrollar preferentemente la hidroelectricidad. La inversión requerida período para este 2012-2016 sería de US$13.257 millones.

También es indispensable que se sigan mejorando aspectos de gestión y de eficiencia en el uso de la infraestructura hospitalaria y que se facilite la llegada de capitales privados vía concesiones.

En cuanto a la infraestructura penitenciaria, la crisis del sistema penitenciario demanda el desarrollo de nueva infraestructura para dar cabida a una sobrepoblación de reclusos que hoy se encuentra en deplorables condiciones. La inversión requerida para el período 2012-2016 en infraestructura hospitalaria y penitenciaria sería de US$5.031 millones