Argumentando que prestó servicios para una empresa vinculada al mercado del papel tissue, el presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, Tomás Menchaca, presentó su inhabilidad para conocer la causa contra CMPC y SCA por la colusión que ambas entidades protagonizaron por más de 10 años.

En su explicación, consigna La Tercera, Menchaca señala que prestó servicios a Forestal y Papelera Concepción, con asiento en la comuna de Coronel y que opera en la región del Bío Bío desde 1995.

Dicha empresa, conocida por sus siglas FPC, realizó una millonaria inversión para operar en la fabricación de papel tissue, lo que fue anunciado hace más de dos años.

La empresa, de esta forma, apuntó a diversificar su producción que se había enfocado en papel de periódico y segmentos de papel de embalaje.

La constancia de inhabilidad fue anotada por el secretario abogado del tribunal, Álvaro Vives.

Fondos estatales. El reciente caso de colusión del denominado "cartel del confort", ha puesto en el ojo del huracán a la industria relacionada con el mundo papelero, entre ellos los negocios forestales que en Chile son controlados principalmente por dos grupos económicos: Matte (Forestal Mininco) y Angelini (Forestal Arauco).

En los últimos 40 años, el Estado ha entregado a estos holdings cerca de US$600 millones por concepto del DL 701 creado durante la dictadura en 1974 cuando el director de Conaf era, Julio Ponce Lerou, el ex yerno del dictador Augusto Pinochet.

En una investigación de CIPER se detalla que “el DL 701 financió el 75% de los costos netos de la plantación de bosques hechas por particulares”.
Este año, la Presidenta Michelle Bachelet envió un proyecto de ley que busca prorrogar el DL 701 hasta el 2018, sin embargo, tras el reciente caso de colusión de CMPC (que pertenece al grupo Matte) y SCA (ex PISA), las probabilidades de aprobación de esta iniciativa han disminuido considerablemete, esto a pesar de que la Comisión de Agricultura dio luz verde al proyecto en julio pasado.

Al respecto, el diputado Alfonso de Urresti (PS), señaló a CIPER que “la prórroga se aprobó de una manera patética, sin discusión y unánimemente. Pero logramos congelarla porque en ese momento habíamos hecho una presentación al gobierno, haciendo ver que requería de la consulta indígena. El subsidio ha sido vendido como una panacea y la realidad es que el modelo que se construyó con él está en crisis y no se puede prorrogar sin hacer una evaluación seria de sus resultados“.

En total, este subsidio ha otorgado US$612 millones a las grandes y medianas empresas y US$263 millones a pequeñas empresas y campesinos.