Santiago. La compañía Mina Invierno, que extrae carbón en Isla Riesco, confirmó la desvinculación de 150 trabajadores como parte del plan de paralización progresiva de sus operaciones. La empresa enfrenta de esta forma el fallo adverso en el Tribunal Ambiental de Valdivia, el que mantiene una cautelar que impide tronaduras bajo los 100 metros sobre el nivel del mar.

Sin embargo, en la gerencia aclararon que está descartada una decisión de cierre definitivo y aseguraron que insistirán con acciones legales para revertir la prohibición, que limita el acceso a cerca del 98% del carbón en el yacimiento de la región de Magallanes.

De esta manera, se informó que sólo una parte de la flota permanecerá operando para la extracción del carbón remanente en la mina y otras tareas complementarias.

En total, indicó en un comunicado la empresa, 230 empleados han sido despedidos en 2019, sumado a un número similar de trabajadores subcontratados que también fueron desvinculados.

“La decisión de mantener la medida cautelar nos ha llevado a esta situación profundamente dolorosa e injusta, especialmente para las más de doscientas familias que hasta ahora han sido afectadas”, señaló el gerente regional de Mina Invierno, Guillermo Hernández.

El director nacional de Greenpeace, Matías Asún, señaló que un eventual cierre de operaciones sería la confirmación de que la gerencia no ha actuado con transparencia respecto al impacto de las tronaduras en el territorio.

En esa línea, el alto ejecutivo añadió que continuarán “haciendo todos los esfuerzos, desde el punto de vista legal, para intentar revertir esta situación”.

“No actuaron con transparencia”. Por su parte, el director nacional de Greenpeace, Matías Asún, señaló que un eventual cierre de operaciones sería la confirmación de que la gerencia no ha actuado con transparencia respecto al impacto de las tronaduras en el territorio.

“Es justamente el resultado de una gestión de una compañía que -desde un principio- ocultó información y dijo que no iban a necesitar tronaduras y que no iban a tener impactos ambientales significativos”, indicó Asún, quien calificó como “pobre” la gestión de la mesa directiva de Mina Invierno.

Mientras, Ezio Costa, director ejecutivo de la ONG FIMA, que ha patrocinado la causa judicial, recordó que el fallo judicial está en acuerdo, por lo que falta la redacción.

“Lo que se está esperando ahora es que salga ese resultado y ver cuáles van a ser las siguientes cuestiones jurídicas que se van a hacer. Probablemente las partes van a acudir a la Corte Suprema”, expresó Costa.

El presidente del Sindicato PSM1 de Mina Invierno, Jorge Espinoza, solicitó que intervenga el ministro del Trabajo, Nicolás Mockeberg, para que la empresa acceda a aplazar la desvinculación de los trabajadores hasta que exista una sentencia definitiva.

“Esperamos que los documentos y los antecedentes sean contundentes para revertir esta cautelar”, dijo el líder gremial.

Por último, desde la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) manifestaron que la decisión del Tribunal Ambiental de Valdivia -con jurisdicción desde Ñuble a Magallanes- carece de fundamento jurídico y genera un manto de dudas sobre la imparcialidad de sus miembros, afectando la confianza en la institución.