La Corte Suprema de Argentina ordenó ayer, miércoles (21.12.2016) suspender la construcción de ambas represas, en la sureña provincia de Santa Cruz, hasta que se conozca el impacto medioambiental que puedan generar.

Los proyectos están financiados por China, según uno de los acuerdos firmados por la entonces presidenta Cristina Fernández durante su viaje de Estado a Pekín en enero de 2015.

La construcción fue adjudicada a un consorcio de empresas de ambos países, y los proyectos ya generaron tensión a principios de este año, cuando asumió el nuevo Gobierno del presidente Mauricio Macri.

"Estamos dispuestos a trabajar con la parte argentina para seguir adelante con estos proyectos de desarrollo", afirmó hoy una portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Hua Chunying.
Hua insistió en que Argentina "es un socio importante" de China y que la cooperación bilateral "debe ser mutuamente beneficiosa y respetuosa de las leyes y normas" de ambas partes.

"Creemos que las dos partes deben abordar estas dificultades sobre la base de la igualdad y la amistad", recalcó la portavoz.