La Procuraduría General de la Nación en Colombia abrió investigación preliminar contra el Instituto Nacional de Concesiones (Inco) luego de que la Transversal de Las Américas finalmente fuera adjudicada.

El ministerio Público había señalado que la obra afectará el medio ambiente y a algunas comunidades del Chocó, observaciones que fueron compartidas por el director del Inco, Julio César Arango, quien renunció el pasado martes argumentando problemas personales.

No obstante, no está claro si el hecho de haber presentado dimisión a un día de la licitación de la Transversal de las Américas lo libre de las pesquisas que adelantará la Procuraduría, que había abandonado el acompañamiento del proceso por lo tortuoso del camino de la licitación.

El pronunciamiento se conoce un día después de que la Transversal fuera adjudicada. A las 3:00 a.m., aproximadamente, el consorcio Vías de Las Américas ganó la concesión luego de ofrecer un billón 158.000 millones de pesos.

De ese modo, después de casi un año de haberse iniciado el proceso para la adjudicación para la Transversal de las Américas, que conectará a Panamá con Colombia y Venezuela a través de un corredor vial de aproximadamente 800 kilómetros, el consorcio Vías de Las Américas construirá el primer tramo de la megaobra.

La audiencia de adjudicación comenzó a las 2 de la tarde del miércoles y que tres horas después fue suspendida para que el comité evaluador analizara las propuestas de los consorcios que competían para hacerse al proyecto: Promesa de Sociedad Futura Metrovías de las Américas, Vías de las Américas SAS II y Vías de las Américas SAS PSF. En el proceso fueron declaradas no admisibles para la adjudicación el consorcio Transversal América 2010 y Zona Vial Bicentenario.

La audiencia de adjudicación comenzó el miércoles pese a la solicitud del ministro de Transporte designado del gobierno entrante, Germán Cardona, de aplazar por un mes la licitación, a lo que el ministro de esa cartera, Andrés Uriel Gallego, respondió negativamente al afirmar que era obligatorio dejar la licitación definida para que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos lo ejecute.

Aunque Cardona ratificó su credibilidad en el actual Gobierno, insistió en que le preocupaban las fallas que pueda tener la estructuración del proyecto, lo que al final se traduciría en problemas.

Frente a estas inquietudes el ministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego, blindó el proceso al preguntar a los abogados de los cinco consorcios si tenían alguna inquietud y si consideraban que existían irregularidades a lo largo del proceso, a lo cual respondieron que existió total transparencia y que por tal razón se debería proceder a su adjudicación.

El proyecto, que partirá en Palo de Letras (Chocó), en la frontera con Panamá, se extenderá hasta Cereté y Planeta Rica (en el departamento de Córdoba) y otro ramal se extenderá entre La Gloria y Tamalameque (en el departamento del Cesar). La totalidad de la obra comprende la rehabilitación de 706 kilómetros, y en su primera etapa comprende la construcción, en seis años, de 446 kilómetros de carretera a un costo de $1,6 billones.