El acuerdo incluye un aumento de las regalías del 10% al 15% para producciones inferiores a 2,5 toneladas del mineral, y llegarán al 19% cuando se generen alrededor de ocho millones de toneladas de carbón.
Bogotá. El gobierno colombiano amplió por al menos 26 años el contrato de explotación y comercialización de carbón con la colombiana Minas Paz del Río (MPDR), que controla el grupo brasileño Votorantim y que opera en el céntrico departamento de Boyacá desde 1989.
El Ministerio de Minas y Energía informó este jueves a través de un comunicado que se llegó a este acuerdo de prórroga tras una negociación conjunta con la Agencia Nacional de Minería, que también depende del gobierno colombiano.
El acuerdo incluye un aumento de las regalías del 10% al 15% para producciones inferiores a 2,5 toneladas del mineral, y llegarán al 19% cuando se generen alrededor de ocho millones de toneladas de carbón.
Por su parte, la empresa se comprometió a invertir en tecnología para aumentar la producción desde las 200.000 toneladas anuales de carbón actuales a 2,5 millones de toneladas al año en 2020.
"Estos cambios ligados a una mayor producción y mejoras logísticas generarán cerca de 13 billones de pesos (unos US$7.353 millones) adicionales al país en los próximos 27 años", indicó el comunicado.
El compromiso también implica una ampliación de la licencia de Acerías Paz del Río, del mismo grupo brasileño, para extraer hierro hasta 2022, por lo que también se extiende el contrato que había sido firmado en 1985.
En el caso del hierro, "se aumenta la compensación como porcentaje de la regalía pagada en un 2 % adicional", según el comunicado.
Además, el acuerdo del gobierno colombiano con Minas del Río implica que la empresa tendrá que dedicar a la inversión social en la zona donde está ubicada la mina al menos el 1% de su utilidad operacional, un monto que no suele ser menor a los 720 millones de pesos (unos US$407.249).
La empresa también tendrá que formalizar la contratación de más de 400 mineros y comprometerse a pagar las multas y sanciones por protección ambiental que se han vuelto más severas con este acuerdo.
Con este proyecto se impulsa la construcción de la vía ferroviaria Carare-Caribe, de 910 kilómetros, un ramal que pretende unir las minas de carbón de Cundinamarca, Boyacá y Santander con la actual red férrea para favorecer el aumento de las exportaciones desde los puertos caribeños.
Esta iniciativa ya ha sido presentada ante la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), que calcula para su construcción una inversión público-privada de US$2.060 millones.
