Los consumidores de pañales, a través de la Liga de Consumidores de Bogotá Defendemos, interpusieron una acción de grupo en contra de Colombiana Kimberly Colpapel, Productos Familia, Tecnoquímicas, Tecnosur y Drypers por el caso de cartelización.

Después de que en agosto pasado la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) formulara pliego de cargos en contra de cinco empresas por la cartelización durante 14 años para el aumento de los precios de pañales desechables para bebé, ahora son los consumidores los que están tomando acciones.

Los consumidores de pañales, a través de la Liga de Consumidores de Bogotá Defendemos, interpusieron una acción de grupo en contra de Colombiana Kimberly Colpapel, Productos Familia, Tecnoquímicas, Tecnosur y Drypers, las empresas que están siendo investigadas por la SIC y que, durante los últimos años han ostentado el 96% de la participación en el mercado de pañales.

La demanda, que le fue asignada al juzgado 13 civil del circuito de Bogotá el pasado 25 de septiembre, pretende que esas compañías asuman la responsabilidad civil de los daños causados a los consumidores desde el año 2000 por la acción del cartel anticompetitivo que se habría denominado como ‘Los Amigos’ y que habría acordado no solo subir los precios sino modificar la calidad de los productos.

Por esa razón, los consumidores esperan que se reconozca un daño que asciende a más de $635.000.000.000 (unos US$309,9 millones). El grupo demandante, además, conforme al artículo 48 de la Ley 472 referente a las acciones de grupo, se asume conformado por cualquier persona que aun sin otorgar mandato judicial haya resultado igualmente perjudicada.

La idea también es que se puedan visibilizar e individualizar a los afectados, así como las fechas de las compras. Por ese motivo, los demandantes piden la colaboración de entidades financieras, supermercados, tiendas, personas naturales y demás distribuidores, para que los datos se puedan consolidar.

La investigación en la SIC aún se encuentra en etapa probatoria. De comprobarse que efectivamente hubo violación a las normas de libre competencia, el ente de vigilancia podrá imponer multas de hasta $61.600 millones (unos US$30 millones) por cada infracción, y a las personas naturales, montos por hasta $1.232 millones (US$601.401) .

Es de recordar que en el momento en que inició la investigación, se tenía evidencia de 700 correos electrónicos, más de 30 declaraciones y testimonios y otras pruebas sobre más de 20 reuniones mantenidas fuera del país, en las que se acordaban detalles de la cartelización.