La Contraloría General de la República decidió imputarle cargos de responsabilidad Fiscal por $35.000 millones (US$19,5 millones) al presidente de Ecopetrol, Javier Genaro Gutiérrez, y a otros directivos y contratistas de la principal empresa del país.

Los imputados deberán responder por daños al patrimonio natural de la nación, representados en la emergencia ambiental que generó el rompimiento del oleoducto caño Limón Coveñas el 11 de diciembre pasado en el Norte de Santander.

Junto a Gutiérrez deberán responder el Vicepresidente de Transporte, Alvaro Castañeda Caro; y el Superintendente de Oleoductos Norte y Sur de la Vicepresidencia de Transporte VIT.

Los funcionarios, según la Contraloría, faltaron a sus funciones por no adelantar las acciones pertinentes para prevenir daños en el oleoducto; específicamente en el sector de Chinácota, Norte de Santander, en donde se presentó la emergencia a finales del año pasado en donde resultó contaminado el río Pamplinita, principal fuente de agua de Cúcuta.