El alto tribunal, consideró que con el proyecto el Pueblo Indígena Achagua y Piapoco del Resguardo Turpial, se vio afectado en sus tradiciones ancestrales, puesto que las obras de explotación arrasaron con territorios “sagrados”.
Bogotá. En una trascendental decisión, la Corte Constitucional le ordenó al Gobierno y a la petrolera Meta Petroleum Limited, reestructurar el proyecto Oleoducto Campo Rubiales al considerar que no consultaron previamente la explotación con los grupos indígenas que habitan en la región.
El alto tribunal, consideró que con el proyecto el Pueblo Indígena Achagua y Piapoco del Resguardo Turpial, se vio afectado en sus tradiciones ancestrales, puesto que las obras de explotación arrasaron con territorios “sagrados”.
En el fallo se indica que uno de los tubos ubicados para el oleoducto cruza el río Meta por un sitio antiguo y sagrado denominado “Charcón de Humapo” en donde se realizan ceremonias de tradiciones orales y espirituales con jóvenes y ancianos de la comunidad indígena.
La comunidad consideró que las carreteras construidas para el desarrollo de la obra invadieron terrenos, generado un grave impacto en el resguardo y en la reserva forestal.
En este sentido, los indígenas indican que por las obras están proliferando enfermedades extrañas por contaminación de las aguas, la deserción estudiantil y los embarazos de niñas y adolescentes, puesto que se están mezclando con los trabajadores de la petrolera.
Según la sentencia, las autoridades indígenas solicitaron al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo una consulta previa, la cual fue negada bajo el argumento que el Ministerio del Interior no certificó la existencia de comunidades indígenas en el área de influencia del proyecto.
En consecuencia, ordena la Corte Constitucional que en el término de tres meses se adopten medidas urgentes para preservar la cultura y mitigar el impacto social y económico, por la construcción del oleoducto Campo Rubiales, con el principal objetivo de preservar la supervivencia de la comunidad ancestral.
El fallo concluye que el Gobierno y la petrolera deberán reportar cada dos meses con el fin de vigilar los acuerdos sobre explotación petrolera firmados en marzo de 1991.
