El retraso en la infraestructura vial del país indujo al presidente Álvaro Uribe, en 2002, a destinar mayores recursos a este sector.

Por esta razón puso en marcha el programa más ambicioso en la historia vial del país: construir vías que les permitieran a los centros de producción regional llegar hasta los puertos, para lo cual dio rienda suelta a su ministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego, para ejecutar el Plan 2.500, un proyecto con una filosofía enfocada, pero que desvió su objeto y se convirtió en un problema.

La idea era vincular a las pequeñas empresas de ingeniería y por ello se adjudicaron las obras al precio más bajo, lo que terminó en la declaratoria de caducidad de contratos y que varios proyectos no arrancaran o los que se iniciaron no fueran concluidos.

Con este ejemplo vivo de lo que ocurrió en el gobierno Uribe, Juan Manuel Santos propuso dinamizar la economía con la infraestructura, y para ello acudió a especialistas en el sector con el fin de desarrollar el Programa Cuarta Generación de Concesiones (4G), una iniciativa de $47 billones (US$24.762 millones), que a diferencia del Plan 2.500, se concentró en proyectos más ambiciosos que le inyectaran competitividad al país.

Fueron dos años y medio de estructuración y de maduración. No se sacaron a licitación nuevos proyectos de concesión en ese tiempo, lo que generó críticas de diferentes sectores. El Programa 4G busca construir 40 proyectos que generarán 200 mil empleos. A dos meses de que termine este gobierno, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) ya recibió ofertas por seis proyectos de la primera ola y adjudicó el corredor Bolombolo-La Pintada, trazado que el gobierno Uribe trabajó con el nombre de Autopistas de la Montaña y que Santos cambió a Autopistas de la Prosperidad.

La proyección de Luis Fernando Andrade, presidente de la ANI, es terminar el gobierno con la adjudicación de los nueve proyectos de la primera ola y tres propuestas de APP. La queja de los empresarios es que si bien se ha mejorado en infraestructura vial, al pasar de 800 a 1.650 kilómetros de dobles calzadas, no se ha avanzado los suficiente para alcanzar el modelo de Chile, Perú o Ecuador.

Para el presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura, Juan Martín Caicedo, el país debe invertir más en ese sector. Explicó que en el gobierno Uribe se invertían $3,2 billones (US$1.685 millones) y en el de Santos esta cifra alcanzó los $8,5 billones (US$4.478 millones), pero insiste en que las inversiones deben ser superiores para lograr dotar a Colombia de la infraestructura requerida para ser un país competitivo.

Un gran avance, en los últimos 12 años, se dio en el tema aeronáutico, especialmente en el mejoramiento de los aeropuertos y las radioayudas. Si bien las obras de El Dorado arrancaron en el gobierno Uribe, la entrega de las terminales nacional e internacional del aeropuerto se dio en este gobierno. Hoy están en licitación los aeropuertos de Armenia, Popayán y Neiva.

Un gran paso que dio Santos fue abrir la licitación para la recuperación del río Magdalena. El proyecto tiene un costo de $2,1 billones (US$1.106 millones) y se adjudicará el próximo 30 de julio. Se busca garantizar un mínimo de calado que permita la operación las 24 horas del día a lo largo de los 365 días del año.

De acuerdo con analistas, la red vial ha mejorado, pero la ejecución de los proyectos es muy demorada y un ejemplo de ello son la doble calzada Bogotá-Girardot y un tramo de la Ruta del Sol que aún no ha podido iniciarse por problemas ambientales.