Según un estudio adelantado por la Contraloría General de la Nación, de las 1.050 Unidades de Producción Minera Grado 1 que debieron estar listas para diciembre de 2016, solo se alcanzaron 764.

Bogotá. El país está rezagado en el cumplimiento del programa de Formalización Minera, es la conclusión a la que llegó un estudio, adelantado por la Contraloría General de la República, al evidenciar que la nación no logró alcanzar la meta de 1.050 Unidades de Producción Minera Grado 1 (UMP) para diciembre de 2016, en cambio solo logró consolidar 764.

“En términos porcentuales, el cumplimiento de la meta fijada a 2016 debió estar en 40,38% y el avance logrado es de 29,39%, lo que significa un retraso del 11%”, manifestó la entidad.

Si se mira la meta trazada para el periodo 2014 - 2018 el país tendría que lograr un total de 2.600 UPM incluidas en el Grado 1, no obstante, la nación continúa con el consolidado de 2016, 764, lo que deja un saldo de 1.836 UPM por alcanzar en este año.

“Es claro y evidente que se encuentran pendientes significativas acciones y esfuerzos para lograr la expectativa puesta en las metas establecidas”, dijo al respecto la Contraloría Delegada para el Sector de Minas y Energía.

A lo anterior la contraloría determinó que los costos del Programa de Formalización por Unidades de Producción Minera son muy altos, US$70.89 millones por cada una de las 764 alcanzadas, para un total que supera los US$54.000 millones.  

Para la entidad el sobrecosto es tal si se tiene en cuenta que se trata de Unidades de Producción que no tienen el Grado 2, nivel de minería formal, que sería el mínimo imprescindible para considerar que el programa de formalización haya obtenido resultados reales.

Otra meta que se suma a la proyección anteriormente descrita, es que estas UPM puedan alcanzar el Grado 2, nivel que corresponde a la formalización de la minería, por lo que si no se avanza en el cumplimiento de esta expectativa, según la contraloría,“puede resultar que el titular prefiera permanecer en ese estado sin avanzar en el cumplimiento de los requerimientos establecidos para acceder al siguiente nivel”.

El ente de control considera necesario que en todo caso de incumplimiento se sancione y ordene el cierre de la UPM. A modo de denuncia la contraloría agrega que en todo este proceso no se ha tenido en cuenta los argumentos y advertencias de la Corte Constitucional, ignorando los lineamientos y el derecho a la consulta previa de las comunidades indígenas y afrodescendientes.