Empresarios consultados, que prefieren el anonimato señalan que ante la limitada disponibilidad de divisas para importar, apelan a proveedores venezolanos para abastecerse en bolívares.

Desde el fin de semana están apareciendo en prensa anuncios, entre ellos, uno de una empresa de computadoras y artículos de oficina y otro de una ferretería, a través de los cuales se solicitan proveedores venezolanos para el suministro de mercancía.

Empresarios consultados, que prefieren el anonimato señalan que ante la limitada disponibilidad de divisas para importar, apelan a proveedores venezolanos para abastecerse en bolívares.

Por su parte, los analistas del sector económico sostienen que las empresas locales no tienen la capacidad suficiente para cubrir la demanda interna.

Cuando se habla de “proveedores locales” se hace referencia tanto a fabricantes venezolanos como a importadores con acceso a divisas Cadivi.

Esos anuncios son puntas del iceberg de la escasez, que se acentúa en Venezuela desde que el gobierno apretara la racionalización en la asignación de divisas para las importaciones, sobre todo en el último trimestre de 2013, según analistas consultados.

De acuerdo con sondeos realizados, existen tres tipos de comerciantes en Venezuela en este momento. En el primer grupo, están aquellos que fueron fuertemente fiscalizados en diciembre pasado y dudan sobre si darán continuidad a sus operaciones, considerando que, por ejemplo, su modelo de importaciones difiere de la administración exigida por las autoridades gubernamentales.

Muchas tiendas de centros comerciales importantes, muestran sus carteles de liquidación de fin de año y se especula con que cerrarán sus puertas.

En muchos de los casos de este primer grupo, la decisión de no abrir está dada no solo por la reducción de precios de venta al consumidor obligada por el gobierno, que golpeó las ganancias, sino por los problemas que le generó la Ley Orgánica del Trabajo u otras, según voceros consultados.

Un segundo grupo de comerciantes está integrado por quienes tienen toda la intención de continuar sus operaciones, algunos de los cuales mantuvieron conversaciones con el gobierno en diciembre con el fin de concretar un “plan de emergencia” de abastecimiento, que aún no se ha materializado.

En ese grupo, se encuentran algunas tiendas de electrodomésticos, textiles y ferreterías. Voceros de algunos de esos sectores han manifestado su preocupación sobre el modelo de importación centralizada que anuncia el gobierno y ante el hecho de que los alimentos y medicinas siempre estarán de primeros en situaciones de premura.

Un tercer grupo está dado por comerciantes underground o informales, que son considerables en número. Existen varios proveedores que manejan grandes volúmenes de importaciones de productos para el mercado informal de la economía, que no son fiscalizados y que tampoco han bajado sus precios de venta, de acuerdo con algunos afectados. Ese mercado informal sigue creciendo en el país, mientras el comercio formal está en franco deterioro, según las percepciones de los propios interesados.

Pocos insumos y productos. En uno de los anuncios publicados en prensa, se requieren fabricantes venezolanos en categorías de productos como lámparas, griferías, cajas de herramientas, uniformes industriales, pegamentos, sillas de cocina y cauchos para motos, entre una lista de 28 artículos. 

En otro de los avisos, se solicita suministro para los ramos de computación, electrónica, papelería, arte, libros de cualquier tipo, incluyendo textos escolares, y juguetería. Esta lista también es larga.

Lo cierto es que muchas empresas que importaban directamente sus productos del exterior ahora deben recurrir al mercado interno para suplirse, lo que trae como ventaja manejarse con bolívares, pero el sistema no les es suficiente. Además, el agregar intermediarios en la cadena de suministro eleva el precio final de venta al consumidor, lo que ya está ocurriendo con algunas tiendas de electrodomésticos, las cuales bajaron sus precios en determinado momento, pero ahora han vuelto a subirlos, a todo riesgo, por no poder sostenerse.

El economista Alexander Guerrero señaló que “las empresas que recurren a proveedores nacionales no solucionarán sus problemas, porque los fabricantes venezolanos son pocos y los importadores no manejan volúmenes suficientes”.

A su entender, el problema de fondo es que no existen dólares en Venezuela, lo que va más allá de cualquier mecanismo que se implemente. “El país sufre una crisis de balanza de pagos y otra fiscal. La solución está en liberar los controles para incorporar el ahorro y el capital de los privados, que son los que echan a andar la economía. En cambio, lo que viene es más control y escasez de equipos electrónicos y de oficina, entre otros rubros”, señaló.

De acuerdo con sus proyecciones, en 2014 sobrevendrán más distorsiones en el comercio, tiendas que “entran y salen” de la economía, grandes divergencias de precios, favoritismos producto de los controles y la acentuación de la tendencia a la monopolización de las importaciones por parte del Estado.

Para Antonio Paiva, también economista, el comercio formal ha entrado en una onda de deterioro manifiesto y progresivo, de la que no saldrá si el Gobierno continúa con sus políticas de control. “Es probable que las empresas que solicitan por prensa fabricantes nacionales se presenten ante el Gobierno en un tiempo para exigir nuevamente que les den divisas por falta de alternativas”, comentó.

Protección al comerciante

Los comerciantes están solicitando el retiro de precintos sancionatorios en establecimientos solventes. Muchos de estos fueron colocados en forma indefinida, a pesar de que ahora están en regla con el Estado.

La solicitud se hace través de la Alianza Nacional de Protección al Comerciante (Anprocom), ONG que recurrirá al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con ese fin.

El abogado Félix Freites Cova, representante de la ONG, manifestó que han consolidado una plataforma que defienda los derechos e intereses legítimos de los comerciantes ante cualquier amenaza.

“Estamos sosteniendo reuniones con comerciantes (...) Algunos plantean problemas de inseguridad, estafas, dificultad para la adquisición de materias primas, falta de personal, reposición de mercancías y facilidades para la importación”, además del ya mencionado de los precintos.

A la fecha, existen precintos sancionatorios pegados a las puertas de más de 30.000 locales comerciales que, luego de ser sancionados, cumplieron con sus obligaciones y pagaron las multas impuestas, según Freites Cova. Esos precintos constituyen un estigma al comerciante, tachado así de infractor ante clientes y trabajadores, lo que podría evitarse.