La empresa está representada por el bufete de abogados Clifford Chance de Estados Unidos y demanda al Estado boliviano el pago de US$86 millones por la nacionalización del Servicios de Aeropuertos Bolivianos SA (SABSA).

Este lunes, a las 09:00 hora local en Francia (04:00 en Bolivia), comenzaron las audiencias orales del proceso de arbitraje planteado por la española Abertis y Aena contra el Estado Plurinacional de Bolivia por la nacionalización de sus acciones en el Servicios de Aeropuertos Bolivianos SA (SABSA).

Según se informó desde París en una nota de prensa, la audiencia comenzó con la presentación de los equipos de ambas partes. La empresa demandante representada por el bufete de abogados Clifford Chance de Estados Unidos y el equipo defensor a la cabeza del Procurador General del Estado, Héctor Arce Zaconeta, el Presidente de Sabsa, Elmer Pozo, y el Director Jurídico del Ministerio de Obras Públicas Servicios y Viviendas, Carlos Camacho.

De principio se escucharon los argumentos del bufete norteamericano de Abertis y por la tarde será el turno de la presentación de los argumentos bolivianos.

Abertis exigen una indemnización de US$86 millones por la nacionalización de SABSA y, antes de viajar a Francia para la defensa del Estado boliviano, el procurador Héctor Arce declaró su confianza en que “Bolivia saldrá victoriosa de esta batalla”.

“Con la alegría de ver nuestros aeropuertos mejorados partimos a defender su recuperación frente a la Española Abertis” (sic), anunció en un mensaje a través de su cuenta de Twitter acompañado por imágenes de la terminal aérea de El Alto, que en el pasado era administrado por la española que decidió llevar al arbitraje la nacionalización de sus acciones.

El Gobierno nacionalizó el 18 de febrero de 2013 las acciones de Abertis y Aena con el argumento de que incumplió un plan de inversiones para mejorar los servicios aeroportuarios. Entre 2013 y 2014, SABSA nacionalizada invirtió US$23 millones en el mejoramiento y la ampliación de las terminales de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

El ministro de Obras Públicas, Milton Claros, detalló que en 15 años fueron invertidos US$5 millones cuando el compromiso era de US$27 millones.