El acuerdo se tomó por unanimidad, con el 96,96% de aprobación y sin ningún voto en contra; desarrollándose en un marco de absoluta transparencia y consenso entre los acreedores.

Lima. El Ministerio de Energía y Minas (MEM) informó este miércoles que la Junta de Acreedores, en el marco del proceso concursal del complejo metalúrgico de La Oroya, acordó durante la jornada mantener en régimen de administración del complejo a Doe Run Perú (DRP) reiniciando sus operaciones y estableciendo para el efecto una unidad de supervisión que estará a cargo de la empresa Apoyo Consultoría.

También acordó que la administración deberá, en todas sus actividades, respetar y garantizar los derechos de los trabajadores de la empresa, así como la política ambiental del Estado.

La decisión se tomó por unanimidad, en un ambiente de calma por parte de los trabajadores que llegaron hasta la sede del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), donde se llevó a cabo la reunión de la Junta.

El representante del MEM ante esta Junta manifestó que en cumplimiento de los compromisos asumidos por el gobierno, el Estado apoya el reinicio de las operaciones del complejo de La Oroya, ubicado en Junín, y el empleo pleno de sus trabajadores.

También tiene el objetivo de respetar y hacer que todos respeten la política medioambiental y que se atienda un nuevo componente: el desarrollo sostenible, propiciando que se lleven a cabo otras actividades en la zona como ganadería, agricultura, indicó.

Igualmente, propicia que se desarrollen actividades de valor agregado como platería y otros, para convertir a La Oroya en un polo de desarrollo, manifestó.

En tanto, resaltó que el Estado apoya la reestructuración en consideración de la importancia social que tiene la continuación de la operación de la planta metalúrgica como fuente de actividad económica y de trabajo para la población de La Oroya, cuidando que se respeten las normas ambientales.

Por su parte, el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino Tafur, subrayó que el proceso se ha desarrollado en un marco de absoluta transparencia y consenso entre los acreedores, lo que permitirá el reinicio de las operaciones de uno de los complejos mineros más importantes del país.

"En el tema de la reestructuración de esta empresa, el Estado asume su compromiso de velar por el respeto al tema ambiental y social, asegurando el empleo a los trabajadores.

Por su posición estratégica, La Oroya podría convertirse en un polo de desarrollo", manifestó.

El presidente de la Junta de Acreedores, Diego Calmet, expresó que el acuerdo es un paso positivo y un esfuerzo maduro que permite encontrar el consenso entre los acreedores, incluido el Estado.

"Esta es una noticia importante para todo Perú, para los trabajadores y para las empresas mineras, ya que el acuerdo se tomó por unanimidad, con el 96,96% de aprobación y sin ningún voto en contra", resaltó.