La Paz. En la provincia Inquisivi del departamento de La Paz existe el riesgo de que tres minas privadas sean avasalladas por comunarios del lugar a causa de los altos precios de los minerales.

El sábado 29 se realizará una cumbre para impedir estos hechos.

Así lo informó el asambleísta departamental de La Paz, Elio Genaro Alejo, quien explicó que en la Cumbre que se realizará el sábado 29 participarán autoridades del Ministerio de Minería, cooperativistas y comunarios del lugar con la finalidad de organizar una comisión mixta que evite el avasallamiento de las minas.

“Hay tres minas que corren peligro que sean avasalladas: Sayaquira, (Colquiri) de la empresa Sinchi Wayra y Trinidad de la empresa Minera Santa Rita, porque allá se produce zinc, plomo y tenemos también estaño y plata y oro en (el municipio de) Cajuata”, explicó el asambleísta.

Mina. El 13 de julio, comunarios de Ichoca de la provincia Inquisivi tomaron la mina Sayaquira de propiedad de la Empresa Minera Barrosquira (Embas), el cual fue retomado por efectivos de la Policía y el ministerio de Gobierno el jueves 14 del mismo mes.

La Razón intentó comunicarse con ejecutivos de la empresa Sinchi Wayra, que operan la mina Colquiri bajo un contrato de riesgo compartido firmado con la Comibol, y conocer su posición sobre la advertencia realizada por Alejo pero en dicha empresa no se encontraba ningún ejecutivo.

A decir de Alejo, la mina Trinidad de propiedad de la Empresa Minera Santa Rita corre el riesgo de ser “tomada” porque está “operando sin ninguna autorización por la Comibol desde 1980”.

Según el asambleísta, las amenazas de avasallamiento se deben a que los precios de los minerales en el mercado internacional son altos. Héctor Cordova, viceministro de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico, dijo el 25 de julio que el tema de los avasallamientos en los centros mineros es un tema complejo para el Gobierno.

Se deberá otorgar protección. Según el artículo 51 del proyecto de Ley de Minería que aún es elaborado, todo titular de derechos mineros goza del derecho de exigir a las autoridades públicas plena y efectiva protección frente a actos que pretendan avasallar y avasallen, invadan o pretendan invadir sus áreas mineras.