El PRI y el PAN presentaron una iniciativa para reformar la Ley de Aviación Civil, con el propósito de defender los derechos de los consumidores.

Excelsior.com.mx. Los servicios aéreos se encuentran en la mira del Congreso. Diputados y senadores se han propuesto hacer cambios legislativos para darle a las autoridades federales correspondientes las facultades que les permitan vigilar el establecimiento de tarifas justas.

La preocupación ha sumado a legisladores del PRI y del PAN, quienes de manera conjunta presentaron una iniciativa para reformar la Ley de Aviación Civil, con el propósito de defender los derechos de los consumidores.

El tema ha marcado el arranque del quehacer parlamentario en este 2013, durante la primera sesión del año de la Comisión Permanente, donde el senador panista José María Martínez se pronunció por contar con herramientas que garanticen a los usuarios de las líneas aéreas conocer, defender y ejercer de manera plena sus derechos.

"No debemos olvidar que es nuestra competencia y responsabilidad crear mejores normas que permitan la competitividad de las aerolíneas en un entorno favorable, sin olvidar a los consumidores. Por ello resulta prioritario adecuar la ley para dotar, además, de mayores facultades a la autoridad y regular el sistema tarifario", argumentó el legislador blanquiazul.

La diputada del PRI, Lourdes Quiñones Canales, suscribió la iniciativa y planteó que la reforma a diversos artículos de la Ley de Aviación Civil, busca garantizar el pleno respeto a los derechos de los usuarios del transporte aéreo, establecer tarifas justas e impulsar la competitividad del sector.

La legisladora expuso que esta es un área estratégica para la economía nacional, "por lo que es indispensable que el Estado asuma su rectoría plena en beneficio de los usuarios y del resto de los sectores productivos del país".

Quiñones Canales confió en que con una reforma a la ley correspondiente, las secretarías de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la de Economía (SE), así como la Procuraduría Federal del Consumidor y la Comisión Federal de Competencia, garantizarán el pleno respeto a los derechos de usuarios.

La protección a los usuarios del transporte aéreo abarcaría información sobre vuelos, reservaciones, obligaciones de las agencias de viajes, responsabilidad en caso de pérdida de equipaje y accidentes, así como compensaciones por vuelos sobrevendidos o cancelados.

De acuerdo con el diagnóstico del problema expuesto por los legisladores, México figura entre las naciones con las tarifas aéreas más caras del mundo, por lo que una reforma en la materia debería convertirse en un instrumento jurídico que frene la discrecionalidad con la que se fijan y modifican sus montos.

"Para darnos una ligera idea de la magnitud de los precios, por ejemplo: un boleto redondo a estados de la República como Durango, Nayarit, Veracruz y Coahuila, partiendo del Distrito Federal, por mencionar sólo algunos, es mucho más caro que un viaje redondo a Nueva York, Canadá, España, o Argentina. Incluso las tarifas llegan a tener un costo de más de 14.000 pesos en clase turista", denunciaron el senador Martínez y la diputada Quiñones.

La iniciativa suscrita por ambos legisladores se sumó al punto de acuerdo que el pleno de la Comisión Permanente avaló para insistirle a la Comisión Federal de Competencia de la necesidad de investigar la posible existencia de prácticas monopólicas a cargo de Aeroméxico.

"El Reglamento de la Ley de Aviación Civil establece cuáles son los derechos del usuario al utilizar el servicio de transporte aéreo, sin embargo éstos no son respetados, por ello, se considera conveniente elevarlos a categoría de ley, tal y como corresponde a su estatus", comentó el senador blanquiazul.

De acuerdo con los proponentes, México es uno de los países más atrasados del mundo en materia de derechos de los usuarios del transporte aéreo.

En contraste, compararon, países de la Unión Europea cuentan con una avanzada legislación, la cual protege a los pasajeros en aspectos como la información sobre vuelos, reservaciones, obligaciones de las agencias de viajes, responsabilidad en caso de pérdida de equipaje y accidentes, así como compensaciones en vuelos sobrevendidos o cancelados.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados para su dictaminación.