Las marchas y contramarchas de Petroperú para ingresar al upstream han generado más de una crítica.
Desde junio de 2014 hasta medianos de enero de 2015, uno de los hechos que marcó la industria petrolera global fue la estrepitosa caída de los precios del crudo. El precio del barril Brent pasó de US$108 a US$48. La firma estatal Petroperú, la empresa más grande del país en cuanto a facturación según AméricaEconomía Intelligence, no ha sido ajena a este difícil contexto.
Los resultados negativos alcanzados por la firma el año pasado dan fe de ello (ver cuadro). Sin embargo, el valor del crudo no ha sido la única variable que ha afectado a la empresa en los últimos meses. La volatilidad organizacional, sin duda, también ha estado presente. Por cuarta vez en menos de cuatro años, el Gobierno cambió al presidente del directorio de Petroperú. Germán Velásquez fue nombrado en ese puesto el pasado 20 de abril en reemplazo de Pedro Touzett.
El gobierno de Ollanta Humala se puso como meta desde un inicio que Petroperú regresara al upstream (exploración y explotación), actividad que había abandonado durante los noventa. La compañía, incluso, se mostró interesada en ingresar al negocio petroquímico y de gasoductos. No obstante, a la fecha ninguno de estos planes se ha concretado. Es más, en principio se pensaba que los lotes que iban a retornar al Estado iban a ser transferidos directamente a la compañía. Esto tampoco ha sucedido.
Los lotes son entregados actualmente por concurso. “Perupetro –la agencia estatal responsable de promocionar, negociar, suscribir y supervisar contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos en el Perú– tiene la facultad para entregar los lotes directamente. Ello se debió hacer, tal como ocurrió en Colombia y México con Ecopetrol y Pemex, respectivamente”, dice Germán Alarco, catedrático de la Universidad del Pacífico. No obstante, para el nuevo presidente de Petroperú, Germán Velásquez, esta decisión “no complica el futuro de la compañía estatal”.
El directorio de la petrolera peruana –cuyos accionistas mayoritarios son el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)– no fue el único que registró cambios importantes a fines de abril. Los planes de la firma también se modificaron. Petroperú anunció su decisión de no participar, tal y como le correspondía, como socio minoritario no operador en los lotes III y IV, conjuntamente con la firma Graña y Montero Petrolera S.A. De acuerdo con Germán Velásquez, las condiciones de ese contrato de operación conjunta (JOA, por sus siglas en inglés) no eran las adecuadas para Petroperú, y por ello declinaron.
“Un accionista minoritario debería participar en los planes de operaciones. Esto no ocurría”, dice el ejecutivo. No obstante, la decisión causó polémica, debido a que el anterior directorio había mostrado su interés por ingresar a los referidos lotes.
Según Germán Alarco, de la UP, el riesgo no existía. “Aun aceptando que se tenía que invertir un poco menos de US$ 10 millones, la rentabilidad esperada seguía siendo muy elevada”, dice.
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De acuerdo con Jorge Chávez, presidente de la consultora Maximixe y expresidente del Banco Central de Reserva, el retiro imprevisto de Petroperú significa que luego de esta decisión la empresa dejó de incorporar a sus activos, como mínimo, entre US$ 300 millones y US$ 600 millones. “Este patrimonio es transferido a G&M a cambio de nada para el Estado peruano”, afirma.
Ante las críticas, la titular del MEM, Rosa María Ortiz, señaló que la anterior administración de la empresa había engañado al directorio al presentarle información errónea, y ello conllevó a que tomara una decisión equivocada.
Pero este no ha sido el único alejamiento de la empresa de la actividad extractiva suscitado en lo que va de 2015.
Otros lotes. La firma también descartó la explotación del lote VII/VI. El presidente de la petrolera explica que esta medida se debe a que incursionar en este lote generaría a la compañía pasivos firmes o contingentes, algo que va en contra del artículo 6 de la Ley N° 30130 (aprobada para modernizar la refinería de Talara). “Los niveles de producción de los lotes III, IV y VI/VII, de acuerdo a un informe de Wood Mackenzie, equivalen a menos del 5% de la producción de petróleo que Petroperú estaría interesado en obtener”, dice Germán Velásquez. De acuerdo con el catedrático Germán Alarco, la ley de Talara debería sufrir cambios. “La Ley 30130 estuvo mal hecha.
La modernización de la refinería de Talara requería aporte de capital del Estado, como en todo gran proyecto de inversión. Los candados que se impusieron son absurdos y contrarios a la ley previa de fortalecimiento de la empresa (Ley 28840)”, asegura. Otros analistas, en esta misma línea, han dicho que la ley como está ahora puede impedir que la empresa ingrese a nuevos lotes en el futuro. “Las leyes las dictan el Ejecutivo y el Legislativo. Petroperú se desenvuelve en el marco legal vigente”, responde Velásquez.
Pese a que la empresa ha decidido alejarse de algunos lotes, la administración actual afirma que tienen intenciones concretas de incursionar en el upstream. Según Germán Velásquez, las fuentes de petróleo relevantes para la empresa son los lotes 64 (que tiene reservas probadas y probables del orden de los 55 millones de barriles de petróleo liviano) y 192 (considerado el mayor lote del país, ya que genera cerca del 17% del petróleo nacional y posee reservas probadas de 138 millones de barriles).
“El lote 64 ya es nuestro. Estamos haciendo el estudio de impacto ambiental. Ya tenemos un contrato de operación con GeoPark y empezaríamos a explotarlo durante el tercer trimestre de 2016”, afirma el presidente de Petroperú. En el caso del 192 (antes 1-AB), si bien Perupetro lanzó la licitación pública a mediados de mayo, la petrolera estatal, según dice Velásquez, decidirá si ingresará al lote a principios de julio (la buena pro será otorgada el 15 de julio).
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Más allá del debate. Al margen de los planes que muestra la actual administración de la petrolera, lo cierto es que durante el gobierno de Humala los retrocesos que ha dado la firma han sido una moneda común. De hecho en 2013 el directorio de la empresa aprobó un plan quinquenal (que establecía diversos objetivos, como ingresar a cotizar a la Bolsa de Valores de Lima), derogado tan solo unas horas después de haber sido publicado y difundido por los medios de comunicación. Por ello contar con planes claros y, a su vez, estables es fundamental para la prosperidad de la empresa. “Es vital que la compañía defina por completo qué es lo que quiere hacer y qué es lo que no quiere”, afirma Anthony Laub, socio de Laub & Quijandría. El consultor señala que este enfoque es aplicable a Petroperú más allá de si ingresa o no al upstream. Para algunos expertos también sería importante que la empresa se establezca planes a largo plazo (como Ecopetrol, que tiene objetivos incluso a diez años).
Laub también considera importante que la empresa modernice su gestión y potencie la gobernanza corporativa en el interior de la organización. En este sentido, según Velásquez, el estudio que hizo Wood Mackenzie les recomendaba trabajar con tres gerencias: una de upstream, una de downstream y un centro corporativo responsable de la administración. De acuerdo con el ejecutivo, ya están trabajando para desarrollarlas. “Uno de nuestros propósitos es definir una estructura organizacional con drivers claros y políticas para toda la empresa, de tal forma que la marcha de la empresa sea independiente de quien la dirija”, dice.
Según Velásquez, la fiscalización también será una de las prioridades de su gestión. “El órgano de control interno es totalmente independiente a la administración, ya que es nombrado por la Contraloría General de la República. Además hemos desarrollado una matriz de riesgos asesorado por Deloitte, en la que se han identificado riesgos probables en cada una de las gerencias a fin de que se pueda evitar algún comportamiento indebido”, dice.
Los especialistas recomiendan que la empresa tenga un mayor blindaje al poder político. ¿Cómo lograrlo? “Simplemente respetando el estatuto social vigente y eliminando la cláusula de la Ley de presupuesto de 2014, mediante la cual los directores de la empresa pueden ser removidos en cualquier momento. Antes de ese artículo en la ley, los directores solo podían ser removidos por falta grave, incumplimiento de las metas operativas y después de tres años, si no hay otro periodo similar”, propone Germán Alarco.
Por lo pronto, para 2015, Petroperú está concentrada en modernizar la refinería de Talara. No obstante, regresar al upstream y cotizar en la bolsa son temas, considerando las idas y contramarchas del Gobierno peruano, que no están al 100% asegurados.
