A lo que no se le veía salida por ningún lado se le encontró un camino iluminado que permitirá que el consorcio Segundo Bicentenario, actual constructor del proyecto Cruce de la Cordillera Central —que incluye el túnel de La Línea—, no sólo pueda zafarse de la caducidad del contrato por su incumplimiento, sino mantenerlo y obtener un plazo adicional para culminar las obras a más tardar el 30 de noviembre del próximo año.

Atrás quedaron los insultos, los improperios, las amenazas y las querellas jurídicas entre el consorcio y el Estado, liderado por el vicepresidente Germán Vargas Lleras, para hacer valer las garantías por incumplimientos del contrato por parte del constructor o las reclamaciones por obras adicionales que nunca le reconoció el Invías al consorcio. Hoy hay una nueva hoja de ruta, que blinda al Gobierno y da garantías al constructor para terminar las obras que debieron haberse entregado en noviembre del año pasado.

Si bien no se trata de un borrón y cuenta nueva, el acuerdo suscrito entre las partes, que deberá ser validado por la Procuraduría General de la Nación, incluye una serie de requisitos que tendrán que ser cumplidos al pie de la letra, de lo contrario el Invías podrá tomar la decisión de imponer la caducidad en cualquier momento.

Pero aunque todo parece estar listo, se requerirán $327 mil millones adicionales para terminarla. Pero el 23 de marzo, un día antes de la audiencia de confirmación del acuerdo, la aseguradora del proyecto deberá desembolsar $30 mil millones, de lo contrario no habrá servido de nada las maratónicas jornadas de reuniones durante el último mes que permitió cuadrar el acuerdo.

Una vez se obtenga luz verde en este paso, el Gobierno deberá entregar $108 mil millones como conciliación por los cambios de diseño del trazado durante la ola invernal y el resto por el pago de las metas alcanzadas, recursos que le entregará al contratista Carlos Collins.

Además, el contratista tendrá que asumir los riesgos geológicos, la inversión en maquinaria, la tecnología y los demás recursos que hagan falta para cumplir el cometido.

Desde que Germán Vargas Lleras llegó a la Vicepresidencia y asumió el reto de vigilar de cerca el cumplimiento de cada uno de los contratos de infraestructura en el país, tuvo en la mira al túnel de La Línea, un proyecto que por más de medio siglo han esperado los colombianos y por el cual el Invías ha desembolsado el 95% del valor del proyecto ($629 mil millones), lo que desbordó su deseo de hacer respetar los términos del contrato con la caducidad de la obra, y así abrir una nueva licitación para dotar al país de una vía que permita mejorar la conectividad con el puerto de Buenaventura y fortalecer la productividad y competitividad del país.

Y luego de varios meses de seguimiento y medición a las obras, declararon la caducidad al contrato, pero la respuesta del consorcio se tradujo en una serie de demandas y de tribunales de arbitramento que podrían quedar sin piso, cuando el 24 de marzo quede en firme el acuerdo que terminará una problemática que amenazaba ser más complicada que el proyecto Commsa, que contemplaba la construcción del trayecto Tobiagrande-Puerto Salgar, proceso en el cual tuvieron que intervenir desde el rey de España hasta el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, para superarlo.

Vargas cree que el acuerdo logrado es satisfactorio, pues considera que el Gobierno se blindó frente al constructor, al determinar que será una fiducia la que maneje los recursos de la obra.

Asimismo, considera que en el acuerdo, del que estuvo muy atento, porque no se dio a sus espaldas, se definieron 20 metas volantes que deberán ser cumplidas al pie de la letra y a cabalidad por el contratista. “Si no cumple durante dos meses seguidos los hitos de estas metas volantes, se procederá a liquidar el contrato, sin que prime ninguna reclamación por parte del contratista”, explicó .
Señaló que se seguirá monitoreando cada mes el avance y los compromisos del consorcio constructor, con el fin de no dar más largas a un proyecto que requiere con urgencia el país.

Advirtió, además, que la decisión del Gobierno no es un golpe a sus pretensiones de hacer cumplir los contratos, sino la mejor decisión en un panorama crítico que se avecinaba por la necesidad de abrir una nueva licitación y de enfrentar una serie de líos jurídicos que dilatarían la culminación de las obras.

La ministra de Transporte, Natalia Abello, hace dos meses durante una visita a las obras en La Línea señaló que de mantenerse el ritmo de trabajo, las obras no culminarían ni en seis años y el director del Invías, que ese mismo día, pero desde Bogotá, anunció la declaratoria de la caducidad del contrato, son quienes ahora le apuestan a que en 20 meses estén concluidos los trabajos en todo el corredor, incluidas las obras anexas, que también estarán a cargo del consorcio.

Hay confianza

Y Carlos Collins, quien denunció en repetidas ocasiones que era un perseguido, hoy rectificó sus actuaciones y se comprometió a que les cumplirá no sólo a la ministra Abello, al vicepresidente Vargas Lleras y al director del Invías, García, sino a todo el país, para demostrar que es un constructor serio y que no apareció en la industria por arte de azar.

Sin embargo, la preocupación está latente y es que el próximo 23 deben estar los recursos de la aseguradora para retomar las obras, que si bien no se paralizaron, sí disminuyeron considerablemente.

Después de conocerse el acuerdo Collins celebró y pudo dormir esa noche, pero las preocupaciones se mantienen y ahora sólo espera a que la aseguradora cumpla, como espera cumplir él, el 30 de noviembre de 2016.

A pesar de que él ofreció una fecha anterior para culminar las obras, el Gobierno fue prudente y amplió el plazo para evitar que se dé otro incumplimiento que sería imperdonable.

Una vez quede en firme el acuerdo, el consorcio Segundo Bicentenario procederá a romper la delgada capa de tierra que separa los dos frentes de trabajo en el túnel de La Línea, proceso conocido como el cale, previsto para el domingo pasado, pero por la realización de la “Marcha por la vida” fue aplazado para una nueva fecha.

Serán 8,6 kilómetros subterráneos que, según la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), servirán para acortar el tiempo, aunque insiste que el túnel debe estar en el pie de la montaña y no en las cumbres, como ocurrirá.