Río de Janeiro. La constructora brasileña Camargo Correa, una de las principales del país, llegó a un acuerdo con el Ministerio Público para devolver 700 millones de reales (unos 200 millones de dólares) desviados de empresas estatales a cambio de beneficios en los procesos a los que responde, señalaron hoy fuentes oficiales.

En un comunicado, el Ministerio Público aseguró que la compañía admitió ser culpable de asociación para delinquir, fraude en licitación, corrupción y lavado de dinero en la trama de corrupción que desvió miles de millones de dólares de la petrolera estatal Petrobras.

Camargo Correa colaborará con la justicia y entregará nuevas pruebas para facilitar la investigación de las corruptelas en la petrolera y en otras empresas estatales, así como señalar a sus cómplices en la red de corrupción.

A cambio de ello, la Fiscalía se comprometió a no presentar ante la Justicia denuncia criminal y civil contra la empresa.

"El acuerdo atiende el interés público de reducir el litigio judicial; garantizar lo más rápido posible el resarcimiento del patrimonio público; disminuir los gastos con procesos judiciales prolongados y poco efectivos, y obtener nuevas pruebas sobre crímenes cometidos por otras empresas", asegura la nota de la Fiscalía.

Camargo Correa se había comprometido esta semana a pagar otros 104 millones de reales (unos 29,7 millones de dólares) y a colaborar con las investigaciones del Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE), el organismo del Ministerio de Hacienda responsable por el combate a los monopolios, por haber formado un cartel para repartirse los contratos de Petrobras.

A cambio de la suspensión de la investigación administrativa en su contra y de otros beneficios, Camargo Correa se comprometió a pagar la millonaria multa, a colaborar con las investigaciones del Cade, a presentar documentos que pueden incriminar a otras empresas, a ofrecer informaciones sobre el funcionamiento del cartel y a suspender las actividades irregulares.

La red corrupta la formaban las principales constructoras de Brasil, que obtenían contratos amañados con Petrobras, inflaban los valores de los mismos y se repartían parte de esa diferencia con directivos de la estatal, al tiempo que otra parte era entregada a los políticos que amparaban esas maniobras.