El Presidente de Ecuador afirmó que “estamos viendo a la propia ONU hacer una monstruosidad jurídica en función de sus intereses y del gran capital”.

Quito. “La compañía Chevrón –Texaco busca con su poder y con la ayuda de las Organización de las Naciones Unidas (ONU) evitar la sentencia que la obliga a pagar US$18 millones por contaminación en la Amazonía” afirmó este sábado, el Presidente ecuatoriano Rafael Correa.

El primer mandatario criticó que un centro de arbitraje busque suspender el fallo dictado por la justicia ecuatoriana, amparándose en el Tratado de Protección Recíproca de inversiones firmado en 1997, cuando Chevron se fue del Ecuador en 1992.

Correa calificó como una “barbaridad” la aplicación del tratado que no estaba en vigencia cuando ocurrió el desastre ambiental por el que la empresa fue enjuiciada.

“Estamos viendo a la propia ONU hacer una monstruosidad jurídica en función de sus intereses y del gran capital” concluyó el jefe de Estado.

Pablo Fajardo, abogado de los perjudicados por la compañía Chevron en la Amazonía ecuatoriana, afirmó en días pasados que ningún dictamen arbitral podrá detener la sentencia que obliga a la petrolera

Para el abogado, todo lo que hace la empresa petrolera es un “gigantesco circo” para evadir su responsabilidad y no cumplir una orden judicial “por el crimen cometido en la Amazonía”.

Según explicó Fajardo, la empresa estaba obligada a pagar una caución para evitar que se ejecute la sentencia, pero no lo hizo y al contrario acudió a un arbitraje que “ni siquiera ha fijado jurisdicción y ya esta enviado laudos provisionales”.

“Es un gran negocio para los árbitros porque ganan plata a costa de las empresas y en contra de los estados” manifestó el jurista.

De acuerdo a la sentencia de primera instancia de enero de 2011, a principios de febrero venció el plazo para que la petrolera se disculpe por el daño ambiental causado en la Amazonía por Texaco (posteriormente adquirida por Chevron) entre 1964 y 1990.

La Corte Superior de Sucumbíos condenó a la petrolera a pagar unos US$9 mil millones, pero advirtió de que ese monto se duplicaría si la petrolera no pedía disculpas a los afectados.

El proceso se encuentra actualmente en la etapa de casación (revisión de la sentencia) en la Corte Nacional de Justicia con sede en la capital, Quito.