Washington. La Corte Suprema de Estados Unidos dijo este lunes que rechazó tanto la apelación de las tabacaleras como la del Gobierno, en un caso en el que el Estado buscaba originalmente una compensación de la industria de US$280.000 millones.

El fallo mixto de la corte fue considerado por Wall Street como un triunfo para las compañías tabacaleras, al remover los temores sobre la posibilidad de que el máximo tribunal reactivara un fallo enorme en contra de la industria.

Las acciones de los fabricantes de cigarrillos se disparaban el lunes en Nueva York.

La Corte Suprema rechazó las apelaciones sin comentarios.

Apelación. Las tabacaleras apelaron ante el máximo tribunal luego de que un tribunal de Estados Unidos determinara que las empresas violaron las leyes federales al conspirar por años para vender productos que sabían que eran peligrosos.

Por su parte, el Gobierno apeló por un tema distinto, al argumentar que el tribunal había rechazado erróneamente la devolución por parte de la industria de miles de millones de dólares de ganancias malhabidas y otras soluciones, como el financiamiento de un programa para dejar de fumar.

La demanda fue presentada en 1999 por el Gobierno del entonces presidente Bill Clinton e, inicialmente, buscaba que la industria devolviera utilidades por hasta US$280.000 millones.

Durante el juicio, que comenzó en el 2004, el Departamento de Justicia, bajo el mandato de George W. Bush, redujo el monto de la demanda a US$14.000 millones para varios programas contra el consumo de tabaco.

Entre los demandados se encuentran Altria Group Inc y su unidad Philip Morris USA; R.J. Reynolds Tobacco, una división de Reynolds American Inc; Lorillard Inc; Liggett Group, que pertenece a Vector Group Ltd; British American Tobacco Plc y su unidad Brown & Williamson; y dos grupos sectoriales ya extinguidos.

La jueza de distrito Gladys Kessler falló en 2006 que las compañías violaron la ley y ya no podían usar expresiones como "con bajo alquitrán" o "livianos" en la promoción de los cigarrillos.

Sin embargo, la magistrada determinó que no tenía la autoridad para obligar a las empresas a financiar un plan para dejar de fumar.

La corte de apelaciones determinó que Kessler estaba limitada a buscar soluciones para futuras violaciones de las normas, pero que había hecho lo correcto en evitar imponer otras medidas.

Entonces, el Gobierno apeló ante la Corte Suprema.