Las operaciones en los yacimientos Juan Bosco y El Escobal, fueron suspendidas en julio del 2017 por un juez que respaldó a una organización ambiental que reclamaba que comunidades cercanas no fueron consultadas para la instalación.

Ciudad de Guatemala. La Corte Constitucional de Guatemala confirmó este lunes la suspensión de las operaciones de la minera canadiense Tahoe Resources y ordenó al Estado realizar una consulta pública "inmediata" que incluya a los pueblos indígenas de las comunidades aledañas.

Las operaciones en los yacimientos Juan Bosco y El Escobal, propiedad de la guatemalteca Minera San Rafael, fueron suspendidas en julio del 2017 por un juez que respaldó a una organización ambiental que reclamaba que comunidades cercanas no fueron consultadas para la instalación.

"La Corte lo que ordena es el proceso de consulta de manera inmediata y cuando la consulta concluya la mina podrá recobrar la licencia antes otorgada. Por ahora seguirá suspendida", dijo Martín Guzmán, magistrado de la Corte de Constitucionalidad a la prensa.

El organismo no dio detalles sobre cuándo iniciaría la consulta ni el tiempo límite para concluirla.

El Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala (CALAS) pidió el año pasado a la Corte Constitucional la suspensión definitiva de las operaciones de la minera, argumentando que la empresa no tomó en cuenta a las comunidades indígenas que viven en las cercanías del proyecto para su instalación.

Según el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, la población indígena debe ser consultada antes de iniciar cualquier proceso extractivo dentro de sus territorios.

La minera dijo más tarde que espera que la Corte Constitucional emita una resolución formal en los próximos días y que aún desconoce la cronología en la que habrán de iniciarse las consultas ordenadas.

La minera es una de las mayores productoras de plata del mundo. Desde que suspendió operaciones el año pasado 700 trabajadores han sido despedidos y las pérdidas que se reportan ascienden a US$5.3 millones en regalías para el pueblo que demandó la consulta y US$289 millones para la empresa.

Este viernes Tahoe Resources anunció la suspensión de operaciones en su mina de oro La Arena en Perú, después de que manifestantes ingresaron a su propiedad y demandaron pagos por el impacto ambiental en la comunidad.

"Hoy queda plasmado que la licencia minera se otorgó discriminando al pueblo Xinca. Ahora hay que tener vigilancia por parte de los pueblos indígenas para velar por la consulta", dijo a Reuters Rafael Maldonado, exabogado de los ambientalistas y quien presentó el recurso legal el año pasado.