La Fiscalía alegaba que los representantes de la compañía estadounidense mintieron al elaborar un documento de descargo en 1998 que decía que Texaco, que fue adquirida posteriormente por Chevron, había cumplido con sus obligaciones de limpieza en un área de explotación petrolera.
La Corte de Justicia de Ecuador absolvió a dos abogados de la petrolera estadounidense Chevron, al ex ministro ecuatoriano de Energía, Patricio Rivadeneira, y a ex funcionarios de la estatal Petroecuador en un caso penal sobre presunta contaminación en la Amazonía, informó este jueves un representante de los acusados.
La Fiscalía alegaba que los letrados de la compañía estadounidense y los antiguos representantes del gobierno ecuatoriano mintieron al elaborar un documento de descargo en 1998 que decía que Texaco, que fue adquirida posteriormente por Chevron, había cumplido con sus obligaciones de limpieza en un área de explotación petrolera.
A mediados de septiembre de 2008, el fiscal general Washington Pesántez inició una instrucción fiscal, sin pedido de prisión preventiva, en contra de Patricio Rivadeneira y Ramiro Gordillo, ex ministro de Energía y ex presidente de Petroecuador en el gobierno de Jamil Mahuad, respectivamente, a quienes acusaba de falsificar informes sobre la remediación ambiental que efectuó Texaco en los 20 años de operaciones en el país.
También fueron involucrados por la Fiscalía el representante legal de Chevron en Ecuador (antes Texaco), Rodrigo Pérez Pallares, así como Luis Albán Granizo, Martha Romero, José Dután Erráez, Álex Suárez y Marcos Trejo.
La instrucción fiscal llegó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el 1 de septiembre de 2008, y diez días después el caso fue sorteado y cayó –para su trámite– en la 1ª Sala de lo Penal, integrada por los magistrados Jaime Velasco (ex procurador síndico del gobierno de Jamil Mahuad), Pilar Sacoto y Fernando Casárez.
La acusación penal, impulsada por el Frente de Defensa de la Amazonía, planteaba que la petrolera conspiró con los funcionarios del Gobierno ecuatoriano para falsificar los resultados de un informe de saneamiento ambiental, para evitar el pago de indemnizaciones.
