En fallo unánime, la Tercera Sala de la Corte Suprema ratificó el rechazo al recurso de protección presentado por la Cámara Nacional de Comercio, en contra de un instructivo dictado por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) relativa a las tarjetas de crédito de empresas asociadas a la entidad.

Los ministros Rubén Ballesteros, Héctor Carreño, Pedro Pierry, Rosa Egnem y María Eugenia Sandoval confirmó la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago que desestimó la acción cautelar en contra de la circular Nº 40, dictada el 22 de julio de 2013, por la SBIF.

El fallo del máximo tribunal determina que la autoridad administrativa actuó en el ejercicio de sus atribuciones al dictar la instrucción basadas en un mandato normativo emitido por el Banco Central en la materia.

Dicha norma, señala el fallo, "ordena a la Superintendencia para requerir la información que deben entregar los emisores y operadores de tarjetas de crédito para efectuar la fiscalización que le ha sido encomendada por la ley".

"Es por lo anterior que la Circular Nº 40 no puede ser considerada ilegal en los puntos reclamados, puesto que no sólo se sustenta en la normativa que faculta a la Superintendencia para fiscalizar y requerir información de los emisores y operadores de tarjetas de crédito conforme lo establece el inciso segundo del artículo 2, 12 y 16 de la Ley General de Bancos, latamente analizados en la sentencia apelada, sino que primordialmente en el referido Capítulo III.J.1. del Compendio de Normas del Banco Central", establece el  dictamen.

En resumen, la SBIF fija en la circular 40 nuevos requerimientos de información para todos los supervisados, estableciéndose exigencias adicionales para aquellos emisores y operadores relevantes, tales como detalle de créditos, provisiones y castigos; transacciones y pagos a entidades afiliadas; tasa de interés, entre otros.