San José. El Gobierno de Costa Rica presentó hoy su primera "Política Nacional de Saneamiento de Aguas Residuales" con una vigencia hasta el año 2045, en la que contempla una inversión superior a los US$520 millones para el desarrollo de obras de infraestructura especializada.

     Según detalló la administración costarricense, la estrategia abarcará obras a lo largo de todo el territorio costarricense, las cuales serán complementadas con esfuerzos en los planos institucionales y normativos.

     El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, se mostró complacido por el esfuerzo, al que catalogó como un importante avance en materia de salud pública y ambiental.

     "Costa Rica debe tener una ruta clara para el saneamiento de las aguas residuales, la cual permita seguir estableciendo las bases necesarias que le den a la ciudadanía la certeza de que las instituciones tienen claridad de cómo atender y resolver problemas que tienen incidencia directa con su salud, bienestar y calidad de vida", aseguró el mandatario.

     Por su parte, la presidenta ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), Yamileth Astorga, agregó que la política deberá ser sustentada con acciones políticas concretas, aunque reconoció que la iniciativa representa un punto de inflexión en el campo.

     "Frente al atraso en el tratamiento de aguas residuales, a partir de ahora, se marca el inicio de cambios estructurales que asegurarán la calidad de vida de los habitantes del país", aseveró la jerarca.

     Según detalló el gobierno, la política fue elaborada tras debates, discusiones y mesas de trabajo entre autoridades estatales y consultores (nacionales e internacionales), procesos en los que también participaron activamente agentes universitarios, municipales y ministeriales (de Salud, Ambiente y Energía, y Planificación).

     La política publica se presentó en el Teatro Popular Melico Salazar de la capital, San José, lugar en el que se reunieron autoridades de gobierno, representantes comunales, organizaciones no gubernamentales, entidades públicas, cámaras empresariales, miembros de la academia, organismos internacionales y representaciones diplomáticas.