El Observador de Uruguay. La Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) concurre este miércoles a la comisión de Legislación del Trabajo de Diputados para plantear su “preocupación” por la difícil coyuntura que están atravesando tres industrias del sector que emplean a unos 250 trabajadores. La sanducera Pili es la que hoy tiene el panorama “más complejo” para mantenerse en pie, reconoció en diálogo con El Observador el dirigente de la FTIL, Jorge Beschizza. 

El sindicalista informó que el propietario de Pili ha manifestado al gremio “no tener plata” para pagar los salarios de noviembre, algunas licencias y salario vacacional. “El argumento que maneja es que los bancos no le dan dinero”, comentó Beschizza.

En un principio, los 120 trabajadores de esa planta habían aceptado una propuesta para recibir el salario de noviembre en dos cuotas. Ante la falta de avances en el acceso a liquidez, se planteó una fórmula para cobrar en dos tramos de 25%, y el restante 50% más adelante, pero tampoco pudo materializarse esa opción de cobro. “La empresa dice que no tiene cómo hacer frente a sus obligaciones porque los bancos tampoco le prestan”, alertó. 

Beschizza informó que incluso la empresa está retrasada en el pago a sus remitentes y que algunos –de mayor porte– están haciendo gestiones para vincularse a otra industria. Pili procesa unos 150 mil litros de leche diarios, pero cuenta con una nueva planta –inaugurada hace poco tiempo donde invirtió unos US$ 30 millones y que puede procesar hasta 400 mil litros diarios. 

El Inale está negociando con Conaprole una alternativa para desviar una porción de la remisión de la principal industria del país a Pili, pero todavía no fue posible llegar a un acuerdo. La FTIL también se reunirá este miércoles con el Directorio del Banco República para ver qué posibilidades tiene el banco estatal de ayudar a esta empresa sanducera para hacerse de capital de trabajo. 

El jueves 4 de enero la FTIL tiene previsto realizar una asamblea de delegados y una movilización en Paysandú con el objetivo de “sensibilizar” a los actores sociales y políticos acerca de la compleja coyuntura que atraviesa esa industria, informó Beschizza.

Complicadas. La FTIL no solo está “preocupada” por el futuro de los 120 empleos y el impacto social que tendría sobre Paysandú un eventual cierre de la planta de Pili, sino también por otras dos empresas del sector. Una es Calcar en Carmelo, que en noviembre tampoco pudo hacer frente al pago de los salarios de sus 150 trabajadores. 

Esta industria había realizado una propuesta para pagar el 50% del salario antes del 24 de diciembre y otro 50% antes del 30 de diciembre pero tampoco hubo un acuerdo con el gremio de la planta para tomar esa opción. 

La otra industria cuyo futuro está comprometido es Coleme en Cerro Largo. Esta empresa procesó una reestructura reciente que implicó la rotación de trabajadores a un régimen especial de 6 horas de trabajo y 2 horas de seguro de paro. En esta firma trabajan 50 empleados. “Esta empresa está hoy stanby. Está cubriendo sus deudas pero siguen agarrados de palillos”, reconoció Beschizza.

El dirigente de la FTIL indicó que la situación es compleja porque si “se apreta al empresario” baja la cortina y quedan los “trabajadores en la calle” como ya ocurrió con los casos de Ecolat en (Nueva Helvecia) y Schreiber Foods (San José) donde se perdieron casi 600 empleos directos a mediados de 2015. “Hay que agotar todas las vías para buscar una salida. Estamos viendo un enero muy complicado para la industria pese a que la remisión a planta se recuperó y ronda los 4 millones de litros diarios”, alertó.