Santiago. La decisión que tomó la semana pasada el presidente chileno, Sebastián Piñera, de favorecer a ambientalistas en relación al proyecto de la termoeléctrica Barrancones, de GDF Suez, causó incertidumbre en el sector eléctrico del país.

Si bien la decisión de intervenir el proyecto Barrancones agradó a residentes locales y a ambientalistas, preocupó a los inversionistas después que el proyecto de US$1.100 millones aprobara todos los requisitos técnicos y legales necesarios para obtener la aprobación de las autoridades ambientales, para de todos modos terminar paralizado.

El mensaje tras esta acción va más allá de Barrancones y ha hecho eco en los inversionistas.

GDF Suez, que controla la generadora eléctrica y cuenta con una participación en la planta de regasificación de gas natural de Mejillones, ambas en el norte de Chile, respondió que respetará la decisión del presidente y añadió que Barrancones cumple con la normativa ambiental chilena y con los estándares ambientales del Banco Mundial y la Unión Europea.

La solicitud de Piñera de reubicar la termoeléctrica, para que no sea construida cerca de una reserva ecológica, en esencia cancela el proyecto debido a que se necesitaría realizar nuevos estudios largos y costosos.

Analistas del sector temen que la decisión haya sentado un precedente en un país que necesita prácticamente duplicar su capacidad eléctrica dentro de la próxima década, debido a que se cuestiona la seguridad de invertir en proyectos de generación eléctrica a gran escala. Dado el crecimiento del producto interno bruto, cercano a un 4%-5% anual, se necesitará instalar otros 10.000 megavatios de capacidad para 2020.

Por otra parte, los dos mayores proyectos eléctricos del país -la termoeléctrica Castilla, de US$4.400 millones en el norte de Chile, y la hidroeléctrica HidroAysén, de US$3.200 millones en el sur- también han sido criticados por supuestos daños ambientales.