El verano de 2012 fue el comienzo del final para Pluna, la aerolínea de bandera uruguaya que cerró en julio, luego del fracaso en la asociación con la sociedad panameña Leadgate. Desde marzo, el ente autónomo que administraba 25% de las acciones del Estado, comenzó a padecer la caótica situación financiera. Y desde abril del año pasado, cuando el socio mayoritario decidió aumentar el pasivo con un préstamos superior a los US$30 millones, los directores del ente comenzaron a sospechar que podrían estar cometiendo un delito.

Según establece la ley, los deudores tienen la obligación de solicitar su propio concurso dentro de los treinta días siguientes a que hubiera conocido o debido conocer su estado de insolvencia. En los últimos meses de vida de la aerolínea, los directores manejaron en varias de las sesiones de directorio haber ingresado en ese terreno.

Para legisladores colorados que accedieron a los documentos, las actas de Pluna demuestran que efectivamente se ingresó en insolvencia financiera y que, además, se actuó de forma deliberada para perjudicar a los acreedores, cuando se quitó del medio a los siete aviones Bombardier. Semanas atrás, el ministerio de Transporte remitió a legisladores colorados las actas de Pluna. Según dijo a El Observador el diputado Juan Manuel Garino (Vamos Uruguay), el registro escrito viene a confirmar las sospechas, y los directores del ente fueron omisos en denunciar la situación de la empresa que está detallada en las actas. El 9 de julio de 2012, cuando la sociedad anónima ya estaba intervenida por el Estado, y a cargo de tres directores nombrados por el Poder Ejecutivo, Pluna S.A, en sesión de directorio, resolvió “liberar al Estado” de toda responsabilidad o garantía asumida con anterioridad a favor de la aerolínea. Con ello y otros actos establecidos en las actas, según Garino, se confirma la maniobra.

El legislador colorado anunció que con los nuevos elementos insistirá al Frente Amplio para instalar una comisión investigadora en el Parlamento, negada anteriormente con la excusa de que todo está siendo investigado por la Justicia.

El caos. En marzo de 2012, los directores de Pluna Ente Autónomo se dieron cuenta que la situación de la aerolínea era preocupante. En el acta del 26 de marzo, a la que accedió El Observador, el entonces presidente del organismo, Fernando Passadores, contó lo visto y oído en el directorio de la sociedad anónima. Dijo estar “sorprendido” por los resultados de la empresa en diciembre y enero pasados; contó que Campiani había reconocido no haber podido “manejar bien la situación” planteada con las autoridades argentinas en Aeroparque; y anticipó que solicitaría un préstamo para capitalizarse. En ese relato, Passadores dijo que el endeudamiento era “muy preocupante”, y denunció que el Estado, a pesar de tener 25% de las acciones, no contaba con “herramientas” para supervisar los ingresos y egresos. El vicepresidente Ignacio Berti comenzó también el 26 de marzo con una advertencia: “la ley de concursos impone obligaciones muy importantes”.

Todo comenzó a cambiar drásticamente el 9 de abril, cuando Leadgate se endeudó por US$ 30 millones. Passadores dijo que el volumen del préstamo era “el doble de lo necesario”, y con ello se aumentaba el pasivo “en forma no razonable”. Berti compartió la observación, y agregó: “Debemos tener muy presente el texto de la ley de concursos vigente, que establece obligaciones muy firmes para directores y órganos de contralor. Podemos estar en problemas drásticos para los que nos tenemos que preparar”.

Luego, informes de la oficina jurídica de Pluna Ente confirmaban el peligro de haber ingresado la empresa en cesación de pagos. Para confirmarlo debían intervenirla, cosa que se hizo en julio.