Representantes de las comunidades de incidencia directa del proyecto Xalalá, que se pretende construir entre Alta Verapaz y Quiché, escucharon el informe de la comisión, y sostienen que además del problema legal está el rechazo social.
La Comisión legislativa de Probidad de Guatemala demandó declarar lesivo el contrato de adjudicación del estudio de factibilidad para el proyecto hidroeléctrico Xalalá, por US$5.3 millones, y procesar al consejo directivo del Instituto Nacional de Electrificación (Inde) por haber otorgado el concurso con supuestas irregularidades.
Según un informe presentado por el presidente de la comisión, Amílcar Pop, el evento “fue dirigido” para beneficiar a la empresa brasileña Intertechne Consultores, S.A., que cuando firmó el contrato y recibió el primer pago por 9 millones de quetzales (US$1,1 millones) no tenía representación legal en el país.
La opinión de la sala de Probidad se suma a la denuncia presentada por la Contraloría General de Cuentas (CGC), el 10 de abril pasado, contra los integrantes del consejo directivo del Inde que autorizaron la adquisición, al señalar irregularidades en ese proceso y firma del contrato.
Señalan vicios
La licitación del estudio de factibilidad para el proyecto Xalalá se declaró desierto el 5 de marzo del 2013, al no existir ninguna empresa interesada en presentar ofertas. De acuerdo con la CGC, el poco interés pudo haber obedecido a que cada empresa interesada debía pagar US$10 mil por el derecho a participar.
“Esa condición se puso para que nadie participara y se cumpliera con la ley, y a la vez se planteara la necesidad de hacerlo a través de una adjudicación sin concurso”, explicó Pop.
Según el informe de la sala de Probidad, se violó la Ley Orgánica del Inde al haber firmado un contrato con el mandatario de la empresa Intertechne, que es una persona jurídica, ya que de acuerdo con esa normativa solo se debe reconocer a personas individuales.
“El Inde, después de firmar el contrato millonario, todavía le fijó un plazo de 60 días a la empresa para que se estableciera en el país”, señaló el parlamentario.
Pop dijo que denunció al consejo directivo del Inde por incumplimiento de deberes, fraude y abuso de autoridad, y a la empresa Intertechne Consultores, S.A., por enriquecimiento ilícito de particulares.
Mario Minera, de la oficina de Resolución de Conflictos de la Procuraduría de Derechos Humanos, presente en la reunión, confirmó que han recibido quejas de pobladores, y se analiza una denuncia por lesividad del contrato del proyecto hidroeléctrico Xalalá.
Minera agregó: “Individualmente están violando —con el proyecto Xalalá— tres derechos fundamentales: el de la vida, vivir en un ambiente sano y el derecho a la salud”.
Denuncias no avanzan
Las denuncias presentadas por la CGC contra los integrantes del consejo directivo, entre ellos el ministro de Energía y Minas, Érick Archila, están detenidas en la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público (MP).
Según la oficina de prensa del MP, “la denuncia presentada contra el señor Érick Estuardo Árchila Dehesa fue enviada el 22 de abril por la Fiscalía de Delitos Administrativos, a Servicios Auxiliares de Administración de Justicia Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ya que el funcionario goza de derecho de antejuicio, por lo que será la CSJ la que determine si la denuncia que se interpuso procede”.
Según la información oficial, “todas las personas que fueron denunciadas por el mismo hecho y el mismo delito y que no tienen derecho de antejuicio no pueden ser investigadas por la Fiscalía de Delitos Administrativos hasta que la CSJ resuelva el antejuicio” contra Archila.
Pop manifestó: Lo dispuesto por el MP “puede ser un mecanismo de impunidad, que es arriesgado en la legislación vigente. No es posible que se beneficie del derecho de antejuicio e inmunidad a ningún funcionario que no lo tenga, en este caso se está forzando de manera fraudulenta la ley”.
Persiste rechazo
Representantes de las comunidades de incidencia directa del proyecto Xalalá, que se pretende construir entre Alta Verapaz y Quiché, escucharon el informe de la comisión, y sostienen que además del problema legal está el rechazo social.
Federico Poob, de la comunidad Margaritas, la más cercana al área donde se proyecta construir la hidroeléctrica, comentó que el rechazo se fundamenta en que no se tomó en cuenta la opinión de los pobladores.
Poob explicó que la mayor preocupación de las comunidades es que habría un desplazamiento forzado de las familias que viven hasta a dos kilómetros del río Chixoy.
“Si se construye Xalalá, según datos del Inde, el embalse inundaría el 80% de nuestra comunidad, y ahí están las tierras más fértiles. Se cultiva maíz y frijol, y el embalse implicaría renunciar a esas tierras productivas”, añadió.
