Quito. Una serie de persecuciones, amenazas y llamadas telefónicas temerarias denunció Pablo Fajardo, abogado de los perjudicados en el juicio contra la petrolera transnacional Chevron-Texaco. Por ello pidió protección al Estado ecuatoriano, pues según él, no es justo que se lo persiga por exigir justicia.

Señaló que constantemente sufren acoso, con personas que toman fotografías a las oficinas, infiltrados durante las reuniones, todo con el fin de infundir temor en la causa legal que está en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), por el recurso de casación (revisión de la sentencia) planteado por la petrolera.

La Corte Superior de Sucumbíos condenó a la petrolera a pagar US$9.000 millones, pero advirtió que ese monto sería duplicado, si la transnacional no pedía disculpas a los afectados. En total serían US$18.000 millones por remediación ambiental, tras las operaciones de extracción efectuadas entre los años 1964 y 1990.

“Hay al menos cuatro empresas de EE.UU. y una colombiana contratadas para realizar esta persecución. No es justo que se quiera atentar contra quienes buscamos justicia”.

El abogado defensor de los perjudicados por las operaciones petroleras en la Amazonía recalcó que Chevron buscará cualquier “argucia” a su alcance para evitar pagar por los daños ambientales que provocó.

Incluso la transnacional supuestamente ha hecho lobby para que EE.UU. no extienda más acuerdos comerciales con Ecuador, en una especie de “castigo” por este caso. En todo ese proceso de cabildeo ha gastado más de US$30 millones, denunció Pablo Fajardo.

Ya en la etapa final de este proceso los afectados esperan una sentencia definitiva de los jueces en la CNJ. Por lo menos 30.000 familias resultaron afectadas en su salud por la contaminación de terrenos y ríos con derrame y desechos de petróleo.

Esta nueva instancia legal tomará entre siete y ocho meses, después de una lucha legal de alrededor de 18 años.